En una comparecencia televisiva la semana pasada le otorgué buenas notas a la bien coordinada troika del equipo económico gubernamental (Hacienda, Economía y Banco Central) por el muy positivo análisis que hizo Standard & Poor’s sobre nuestras finanzas macroeconómicas.

También se las di al equipo humano que nos vacuna.
Pero tuve que dar malas notas al Ministerio de Energía y Minas por el pésimo desempeño de las tres distribuidoras de electricidad durante el actual Gobierno y la falta de decisión sobre si serían manejadas o no por empresas privadas y no por el Estado como en la actualidad.

La misma crítica apliqué a unas Catalina que ni siquiera a nivel técnico son manejadas por personas con experiencia, a pesar de la recomendación de la comisión que hace ya un buen tiempo encabezó monseñor Agripino Núñez Collado, algo prometido también por el Gobierno actual.

Cada día son mayores los intereses creados que se oponen a ese manejo privado, eficiente y técnico, ya sea porque quieren vender carbón o los seguros, entre muchos otros servicios.

Lo que no tuve tiempo de criticar fue el también muy mal manejo por parte de ese ministerio de la segunda de sus funciones: la minería. Y es que las minas “viejas”, la Barrick y Falconbridge, están en crisis por falta de definición por parte del Gobierno. Ambas surgieron durante el primer Gobierno de Balaguer (1966-1970).

La mina de oro, ex Pueblo Viejo, requiere que el Gobierno autorice una nueva presa de cola para relave y este, desde hace meses, ni siquiera autoriza el estudio medioambiental, o uno de alternativas de ubicación. Falconbridge dice que no podrá continuar operando por falta de mineral, a no ser que se le otorgue apenas un 5% del área de loma Miranda, un pedazo de tierra lejos de todo río y cuya explotación no sería visible desde ningún lugar, excepto desde un avión.

Pero desde ese Gobierno de Balaguer no se han otorgado derechos para explotación de nuevas minas. Una empresa canadiense, por ejemplo, desde hace años quiere que le autoricen un estudio medioambiental para que el Gobierno decida si procede o no una mina de oro subterránea, lejos de todo río, parecida a la mina subterránea cercana a Maimón y que pertenece a un grupo chino. Intereses políticos en San Juan de la Maguana se oponen al proyecto, sin dar razones.

Todos estamos de acuerdo en que crear empresas en la frontera es algo muy prioritario y desde hace tiempo otro grupo minero desea desarrollar un proyecto próximo a Restauración, pero nuestro Gobierno muestra desinterés, al no otorgar prioridad a la minería.

Tenemos “Marca País”, promocionamos el turismo, las zonas francas y la inversión extranjera, pero mantenemos una oposición cerrada a continuar con las operaciones de las minas “viejas”. Y tampoco autorizamos minas nuevas ya que la minería genera más impuestos que cualquier otro sector.

El Ministerio de Energía y Minas ha contratado a una empresa de relaciones públicas para “vender” a la ciudadanía las bondades de la minería. Bien haría en concentrar ese mensaje entre políticos, congresistas y munícipes, que es donde existe esa oposición.

Por cierto, si lo de la Alcaldía de Cotuí es un ejemplo, allí se tuvo que crear una fundación para evitar la malversación del 5% de los beneficios de las minas que se asignan por ley a los lugares donde están ubicadas, luciría que ese 5% debe invertirlo allí el Gobierno central y no el local.

Ministerio de Energía ha manejado mal las EDE, Punta Catalina y minería

Cada día hay más intereses creados opuestos al manejo privado de las EDE

Gobierno se opone a continuar con las operaciones de las minas “viejas”