¿Malas prácticas bancarias inducidas por las malas políticas macroeconómicas?

¿Malas prácticas bancarias inducidas por las malas políticas macroeconómicas?

POR APOLINAR VELOZ
La semana pasada el Superintendente de Bancos (SIB) y encargado de la supervisión bancaria, Señor Rafael Camilo, confirmó, durante el almuerzo del Grupo Corripio, que hubo fraude bancario en el 2003 en los intermediarios financieros intervenidos y que la SIB continuará dando los pasos pertinentes a fin de procesar penalmente a los implicados en tales delitos financieros.

Estas precisas declaraciones contrastan con las del Jefe de los Asesores Económicos del Poder Ejecutivo, publicadas el miércoles 22 de junio del 2005 en el Listín Diario. De acuerdo a las cuales el culpable de la quiebra de los bancos así como de las malas prácticas bancarias es el Gobierno pasado quien ejecutó políticas macroeconómicas inadecuadas durante el período comprendido entre 2000-04. Resulta difícil creer en las afirmaciones del Jefe de los Asesores de que las políticas macroeconómicas inconsistentes inducen a malas prácticas bancarias. Por el contrario, son las malas prácticas bancarias las que tienen implicaciones negativas a nivel macro, tal y como ocurrió en el 2003.

Esta declaración parece indicar que los ex banqueros no cometieron falta alguna, y por consiguiente podría impedir que se agilice el lentísimo proceso judicial que se sigue contra los inculpados de la quiebra de tres intermediarios financieros por un monto que alcanzó los US$2,500.0 millones y que incrementó la deuda pública a niveles sin precedentes en la historia económica dominicana.

La Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, al momento de la disolución de BANINTER en el 2003, a tan sólo cuatro meses de su aprobación, no disponía del Reglamento que crea el Fondo de Contingencia ni tampoco había un solo centavo depositado en el mismo para atender a reclamos del público de instituciones con problemas de solvencia. Por otra parte, el reglamento de disolución bancaria contemplado de manera general en la Ley Monetaria, tampoco disponía del Reglamento de aplicación. Existía, pues, la disyuntiva de hacer el reglamento y luego disolver la institución financiera o la situación contraria. El tiempo no estuvo a favor de una decisión más ponderada ya que había que actuar so pena de contagiar a otras instituciones del sistema financiero debido a la magnitud del banco en cuestión que, sin dudas, tenía ribetes sistémicos.

Me pregunto, si era posible cumplir con la Ley Monetaria y Financiera tal y como fue aprobada, tal y como plantearon muchos sectores de la vida nacional. Para responder a esta pregunta sólo había que preguntarse por el monto de depósitos en BANINTER pertenecientes a las asociaciones de ahorros y préstamos, de bancos comerciales importantes (tales como el Banco de Reservas) que justamente antes de la crisis le había prestado a BANINTER US$30.0 millones (aproximadamente RD$1,300.0 millones). Era preciso discutir cuánto debía pagarse a Samuel Sosa con más de RD$800.0 millones depositados en BANINTER, cuánto se le debió devolver a la Fundación Global que tenía depósitos por más de RD$60.0 millones, cuánto se le debía devolver a las diferentes diócesis que tenían varias decenas de millones de pesos depositados en BANINTER o cuanto debía el Banco Central devolver a los centenares de depositantes extranjeros que aperturaron cuentas en dólares en ese banco, así como a las cooperativas de todo el país, entre otras instituciones.

Se decidió evitar males mayores. No obstante, cabe destacar que se desestimaron algunos de los consejos de los expertos financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI) que plantearon cerrar BANINTER y realizar una disolución ordenada. Asimismo, dentro de la óptica anterior se planteó también profundizar las investigaciones del origen de las cuentas en los off-shores y sólo luego proceder al pago de los depósitos confirmados en esas instituciones extraterritoriales.

Algunos de los funcionarios que enfrentaron la insolvencia bancaria durante el período 2001-2002, son los mismos que dirigen actualmente la política financiera del país, son exactamente los mismos que no informaron durante dos años los resultados del Financial System Assessment Program realizado por una misión conjunta del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país en el 2001. Asimismo, nunca dieron a conocer las evaluaciones hechas por Aristóbulo de Juan de 1999 sobre el sistema financiero. En ambos informes se establecía que el sector financiero dominicano estaba descapitalizado, lo que luego fue confirmado con las auditorías asistidas realizadas por la SIB y el FMI en el 2003-2004. La confianza también se construye mediante la el conocimiento oportuno de la información.

Las quiebras bancarias no son instantáneas. Se producen a lo largo de años de malas prácticas por falta de una regulación adecuada del Banco Central y de una escasa o nula supervisión de la SIB. Las crisis bancarias de otros países, tales como las del sudeste asiático del 1998, la crisis mexicana del 1994 y la crisis argentina de la presente década se explican por el deterioro de cartera que resultan de la volatilidad cambiaria, French-Davis (1997), Lindgren et al (1996), Roubini (2002), Tirole (2002), Eichengreen (2002,2003) para sólo citar algunos de los autores más conocidos. Por el contrario, los fraudes bancarios criollos resultaron de la simbiosis de malas prácticas bancarias y de reguladores y supervisores que se aceptaron con facilidad las sugerencias para legalizar las malas prácticas. Resulta evidente que las malas prácticas bancarias, al menos en este país, no son provocadas por malas políticas económicas. Aunque vale la pena reconocer que las malas prácticas bancarias se exacerban con malas políticas macroeconómicas.

Durante mi estadía en la Gerencia del Banco Central entre 2003-2004, nunca escuché ni leí observación alguna sobre el programa monetario ni sobre cómo había que proceder para disolver un banco quebrado por parte de los que hoy asesoran al Poder Ejecutivo en materia financiera, y que hoy responsabilizan a la pasada administración de haber inducido las malas prácticas bancarias .

No parece lógico argumentar que las malas políticas económicas del Gobierno produzcan fraudes en las empresas privadas. De ser así, entonces cabe preguntarse cómo otras empresas se han mantenido en el mercado, pese a que gobierno tras gobierno los dominicanos hemos asistido a la aplicación de políticas económicas que sólo han provocado inestabilidad, exceptuando talvez a la primera administración balaguerista.

Esto no impide que se reconozca que el Gobierno pasado aplicó políticas públicas que resultaron de asesorías económicas externas que no tenían otro interés que el suyo propio y, por tanto, nunca fueron coherentes ni consistentes con el resto del Gabinete. Mientras algunos hacían esfuerzos por estabilizar la economía, otros se esforzaban para desestabilizarla. Como ejemplo están las compras de las EDES, la recomendación de sobre encajar la banca, la eliminación impuestos (a bancos y a empresas telefónicas) cuando hacían falta recursos para financiar la inversión pública, entre otros.

Es cierto que el déficit fiscal se expandió durante la administración pasada. Y se hizo con el propósito expreso de responder a los choques externos que gravitaron negativamente sobre el turismo, las remesas y las zonas francas, pero vale decir también que sólo se agudizó a raíz de los rescates bancarios. El FMI calculó que estos choques externos provocaron una pérdida de divisas a la economía dominicana de aproximadamente US$1,506.0 millones en el 2001 y US$529.0 millones en el 2002.

La estrategia de endeudamiento externo utilizada, que sin dudas puede tipificarse de desproporcionada, expandió el gasto público y dinamizó la demanda interna (política que han utilizado todos los gobiernos desde 1966 hasta la fecha, lo cual no quiere decir que sea una buena política porque se hizo otras veces). Este financiamiento del gasto elevó la deuda pública, de aproximadamente 30% del PIB en el 2002 a 57% en el 2003. Pero este porcentaje sólo se alcanzó después de la asistencia que recibieron los tres bancos fraudulentamente quebrados, según consta en el expediente acusatorio que mantiene el Banco Central y la Superintendencia de Bancos ante los tribunales locales. En el cuadro que sigue se puede notar el financiamiento del déficit fiscal en promedio alcanzó RD$8,600.0 millones durante 2000-03 y se multiplica por más de dos en el 2003 cuando se llevó a cabo el rescate de BANINTER. Éste déficit es relativamente menor en el 2004, pero aún se mantiene por encima de los RD$20,000.0 millones.

Por otra parte, no fue hasta abril del 2003 cuando el proceso inflacionario se desató, lo que ocurrió inmediatamente después de pagar a los depositantes de los bancos quebrados con fondos públicos. Sólo entonces los datos sugieren de una variación importante del IPC, así como también apunta a que la inflación estuvo directamente relacionada con el rescate bancario y, en menor medida, con el incremento del déficit fiscal. En el 2001 la inflación fue de 4.38% (doce meses) y en el 2002 de 10.5%, pero en el 2003 fue de 42.7%.

De la misma manera, la volatilidad en el tipo de cambio tiene lugar a partir del mes de abril del 2003, en otras palabras a partir de la intervención de los bancos quebrados y no antes, a pesar de que el déficit fiscal se incrementa a partir del final del 2001. En efecto, a diciembre del 2000 el tipo de cambio (venta) del mercado extra-bancario era de RD$16.68 por dólar, de RD$17.12 en el 2001, RD$21.53 en el 2002 y de RD$37.5 en el 2003 y de RD$48.49 para junio del 2004. Creo que los números publicados por el Banco Central dejan pocas dudas de que la afirmación hecha por los asesores del Poder Ejecutivo no tiene asidero real.

Para que el público aprecie mis afirmaciones he incluido algunos gráficos de las variables que tipifican la crisis económica como son la inflación, volatilidad del tipo de cambio, déficit fiscal, y la cuenta de errores y omisiones de la Balanza de Pagos, las cuales sugieren que la inestabilidad de las mismas tienen lugar luego del rescate de los depositantes de los bancos quebrados y no durante los años que el déficit fiscal aumentó.

A pesar de estas diferencias coincido en que no es totalmente justo que sólo los ex banqueros respondan por los hechos de los que se les imputa. Resultaría más justo si el expediente acusatorio incluyera también a los funcionarios que no supervisaron ni regularon adecuadamente el sistema bancario desde 1992. En ese año la SIB reconoció la sub capitalización de los bancos cuando permite la constitución de provisiones por cartera riesgosa en un plazo de 7 años, en lugar de solicitar a los bancos el uso de los beneficios para constituir las provisiones correspondientes y así proteger los ahorros del público. Estos funcionarios también son responsables, tal y como lo sugiere el Informe del Panel de Expertos del 2004 y 2005.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas