MALEFICIO a mitad del gobierno

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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
La reciente historia política dominicana permite alertar sobre la existencia de un maleficio que afecta a los gobiernos democráticos cuando llegan a la mitad del período constitucional, creyéndose predestinados para prolongarse en el poder, por lo que empiezan a actuar de espaldas a la opinión pública.

La advertencia viene a colación en vísperas del segundo año del actual gobierno por los traspiés en que ha incurrido recientemente en materia de contrataciones poco transparentes y su propensión a priorizar el debate sobre reformas constitucionales por encima de muchos asuntos que merecen concentrar la atención nacional.

Los  gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el anterior del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tuvieron un desempeño exitoso en su primera mitad, a partir de la cual comenzaron su declive hasta terminar bajo fuertes cuestionamientos.

Notable mala racha  

El gobierno del presidente Leonel Fernández ha tenido un desempeño bien ponderado por la ciudadanía en su primera mitad, lo que ha quedado de manifiesto en las encuestas y la opinión pública.

Sin embargo, los últimos contratos enviados al Congreso Nacional han empañado la imagen del gobierno, determinando que algunos analistas revivan el síndrome de la mitad del período, tomando en cuenta el historial de la regencia democrática del PRD y el PLD.

Los registros históricos muestran que al llegar a la mitad del período los gobiernos tienden a aumentar desproporcionadamente el gasto público, incurriendo en déficit, marcados especialmente por las elecciones “de medio término”, y a aumentar la percepción de corrupción.

Ha llamado la atención que al aproximarse a la mitad de su período el gobierno del presidente Leonel Fernández, que registró un déficit fiscal sobre 4 mil millones de pesos en los primeros 5 meses del año, enviara al Congreso dos proyectos con ribetes de corrupción y que reviviera el de la isla artificial que había sido desestimado tras masiva oposición de la opinión pública y la desintegración de varios de sus propulsores.

El contrato de 132.4 millones de dólares para equipar a la Policía Nacional tuvo que ser suspendido, aún después de ser aprobado por el Congreso Nacional, tras demostrarse que violentaba los preceptos de concurso público y contenía escandalosas sobre valoraciones de precios, lo que la  percepción general atribuye a corruptela.

Es más relevante que la empresa beneficiaria del contrato, The Sun Land Group Corporation ya estuvo involucrada en contrataciones del anterior gobierno perredeísta para equipos de las Fuerzas Armadas que también originaron descrédito.

Otro contrato, sin concurso público y de términos estimados onerosos, suscrito con la Empresa Nacional de Desarrollo (ENADE) fue desestimado por el Senado, dejando mal parado al gobierno que lo puso en vigencia ilegalmente desde finales del año pasado. Este traspasa a una empresa sin previa experiencia ni acreditación las facultades de la Dirección General de Bienes Nacionales para vender y cobrar inmuebles del Estado en cuantía multimillonaria, con comisiones de hasta un 15 por ciento que llegan a triplicar las del mercado inmobiliario. 

El descalabro de Hipólito

Conviene recordar que el pasado gobierno, presidido por el agrónomo Hipólito Mejía llegó a las elecciones de medio término en situación tan buena que su partido ganó en 29 de las 31 provincias.

Entre enero y agosto del 2002 la inflación acumulaba apenas un 3.52 por ciento. Al 17 de julio los bancos compraban el dólar a 17.63 pesos lo vendían a 17.90, la gasolina regular se vendía, todavía en octubre,  a 38.45 pesos y el gasoil a 24.08 el galón. La economía había crecido en el primer semestre al 5 por ciento.

Sin embargo, una encuesta de Penn & Shoen realizada a fines de agosto ya redujo al PRD al segundo lugar de las preferencias electorales, del cual no se ha recuperado todavía. Registró un 28 por ciento contra un 33 del PLD.

Aunque el gobierno acumulaba déficit fiscal  todavía no registraba efectos visibles, lo que permite sostener que fueron el manejo político y las negociaciones turbias con ribetes de corrupción, lo que afectaron al partido de gobierno.

Inmediatamente después de los comicios la palabra presidencial quedó devaluada cuando la mayoría oficialista impuso una reforma constitucional a espaldas del resto de la sociedad, la política y la civil, simplemente para abrir las puertas de la reelección a un Hipólito Mejía que juraba que no aspiraba a la prolongación.

El 23 de Julio el Listín Diario informaba que el director del IAD Tomás Hernández Alberto, y el senador perredeista Mario Torres lanzaban en New Jersey, Estados Unidos, la repostulación del presidente Mejía.

El nuevo Senado, posesionado en agosto, con 29 de 32 escaños en manos del partido oficial, procedió de inmediato a elegir una Junta Central Electoral sin tomar en cuenta al resto de la sociedad, originando una crisis se prolongaría hasta diciembre cuando luego de una transacción con la oposición se reformó la ley electoral para separar las funciones ejecutivas y contenciosas de la JCE y ampliar a 9 el número de los jueces electorales para incluir dos propuestos por la oposición.

En septiembre el presidente Mejía anunció la eliminación del subsidio a la electricidad, lo que fue acompañado por un aumento del 40 por ciento en la tarifa energética, en medio de una de las periódicas crisis del servicio. La corrida del sector financiero comenzó a elevar la tasa de cambio, que en diciembre llegaría a 20 pesos por dólar, cuando el presidente firmó con el empresariado un “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico” que quedaría en el papel. Después fue el desastre financiero y el descalabro político del régimen.

El precedente de Leonel

La decadencia del gobierno del gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco también se registró a partir del medio término, desde la matanza del 24 de abril de 1984 que le hizo perder la brújula hasta terminar en medio de denuncias de corrupción, aunque con un saneamiento macroeconómico.

Pero el descalabro fue más claro en la segunda mitad del anterior gobierno del presidente Leonel Fernández, (1996-2000) que había navegado con tasas de crecimiento de alrededor del 7 por ciento y con estabilidad macroeconómica.

Fueron factores políticos los que produjeron su decadencia. Luego de la barrida electoral perredeista de mayo, el PLD con sólo 14 diputados y un senador se embarcó con legisladores reformistas y perredeistas salientes en un intento frustrado por reformar la Constitución para abrir paso a la reelección.

Con “incentivos a legisladores” que ya se iban se eligió en agosto una nueva Cámara de Cuentas y se aprobó una ley de carrera judicial que desconocía la inamovilidad de los jueces, a espaldas del resto de la sociedad. Una coalición de organizaciones de la  sociedad civil elevó una instancia ante la Suprema Corte de Justicia, la cual produjo un duro revés al régimen al declarar inconstitucional la elección cada cuatro años de los jueces.

Instalado el nuevo Congreso de mayoría perredeísta, el gobierno “conquistó” a 9 diputados encabezados por Rafael Peguero Méndez para mantener a este al frente de la cámara baja, arrebatando la mayoría al PRD. Este a su vez respondió escogiendo una Junta Central Electoral a su conveniencia, lo que llevó al gobierno a suspenderle la entrega de su presupuesto, generando una crisis institucional que llegó a final del año.

Para enero ya se había montado el escenario para la militarización de la Liga Municipal Dominicana por parte del gobierno peledeísta, que en asamblea paralela desconoció la mayoría perredeista en los municipios.

Todas esas maniobras solo sirvieron para desacreditar el gobierno del presidente Leonel Fernández, cuyo partido reduciría en el 2000 a menos de la mitad los votos con que había ganado el poder cuatro años antes. Todavía no se ha llegado tan lejos, pero hay quienes consideran conveniente recordar el maleficio de la mitad del período.-

¿Por amor al arte?

En medio de estos escándalos el Consultor Jurídico del Gobierno envió una comunicación al Congreso la semana pasada reviviendo el polémico proyecto de la isla artificial a ser erigida frente al malecón de Santo Domingo, el cual había sido desestimado por el gobierno tras la generalizada oposición de la opinión pública.

Fue también relevante y reactivó el tufo de la corrupción, que la mayoría opositora perredeísta y reformista aprobara ese contrato y el de financiamiento internacional para el Metro de Santo Domingo en sesiones de urgencia celebradas a media noche en las dos cámaras legislativas.

La circunstancia de que los dos partidos mayoritarios se habían opuesto a esos contratos y que la dirección del PRD había instruido a sus legisladores para que los rechazaran, además de un malestar partidario, deja dudas sobre las motivaciones de esos votos, especialmente de los legisladores que concluyen su gestión el próximo mes, quienes debían dejar la aprobación al próximo congreso de mayoría gubernamental.

Para mayor desconcierto se registra el hecho de que antes y después de la aprobación del contrato para la isla artificial, voceros gubernamentales dijeron que el gobierno “no tiene interés” en el mismo, aunque fue reactivado por una carta del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo. El resultado es que en la opinión pública queda una serie de cuestionamientos tanto a los legisladores de oposición como al gobierno y la sensación de que éste realiza un hipócrita doble juego.

Otro contrato poco transparente conocido a mediados del mes fue el que otorgó a Margarita Ruiz Gómez la realización del paisajismo de un parque en Santiago por la suma de 416 millones de pesos. Es la misma allegada a altos círculos gubernamentales que el año pasado estuvo envuelta en el escándalo por la multimillonaria decoración del edificio de la Suprema Corte de Justicia.