Malkun niega expediente sea político;
dice no recibió instrucciones Hipólito

Malkun niega expediente sea político;<BR>dice no recibió instrucciones Hipólito

POR TANIA HIDALGO
El ex gobernador del Banco Central  José Lois Malkún  rechazó  ayer ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que el expediente contra los implicados en el alegado fraude del Banco Intercontinental (Baninter) sea de  carácter político.

Negó que recibiera instrucciones del entonces presidente Hipólito Mejía  para el sometimiento a la justicia de los inculpados.

Con relación al caso son procesados Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano de Castillo, Luis Alvarez Renta y Jesús María Troncoso Ferrúa.

“El expediente fue debidamente sustentado y se trató de que figuraran ahí los responsables del hecho. Nunca me movieron razones personales y ellos (los acusados) lo saben. Fue producto de una crisis. Yo siempre he sostenido mi posición y las autoridades del Banco Central se  han mantenido para que este proceso llegue a su final y que no se salpique por razones políticas. Siempre he tratado de separar los sentimientos”, dijo el ex funcionario al comparecer por segundo día como testigo propuesto por los acusados en el alegado fraude ascendente a RD$74 mil millones  en la quebrada entidad bancaria.

Durante su intervención ante el tribunal, que preside el juez Antonio Sánchez Mejía y que integran además Pilar Rufino y Yissel Méndez,  Malkún dijo que  el país tardará 15 ó 20 años para recuperarse de las consecuencias del fraude de Baninter.

Al responder a  los abogados de la parte civil constituida, explicó que el Banco Central tuvo que pagar 12.5 millones de dólares al Banco Mercantil por concepto de cartas de crédito a favor de Luis Alvarez Renta, quien es otro de los implicados en el caso.

“No solo pagamos lo que era recargo y moras, sino que pagamos  todo porque el Banco Mercantil venía presentando problemas, irregularidades como es el caso de préstamos a vinculados, similar al caso Baninter. Fue una forma de darle liquidez al Mercantil. Entonces preferimos adelantar el pago para que esa entidad enfrentara sus problemas, porque de todas formas íbamos a tener que hacerlo”, explicó al ser cuestionado sobre el pago de esos recursos.

Respondiendo al  jurista Ramón Pina Acevedo, Malkún ratificó todos los aspectos contenidos en su discurso pronunciado en el Palacio Nacional, el 13 de mayo de 2003, y a través del cual anunciaba al país el sometimiento a la justicia de los imputados.

Asimismo, refirió que el monto del alegado fraude cometido por el coronel retirado Pedro Julio  Goico Guerrero (Pepe) es insignificante con relación al monto total del ocurrido en el Baninter.

¿Es decir, que el caso de las tarjetas de Pepe no incidió en el descalabro de Baninter?, preguntó el abogado Juárez Castillo Semán, de la defensa de Báez Figueroa, a lo que el testigo respondió, que no.

“Eso representa el 0.1 por ciento de lo que hubo que cubrir por el caso Baninter. Claro, sumando varias situaciones como ésa, quizás, pero eso es insignificante con el problema generado en la quebrada entidad”, señaló.

Al ejercer su derecho a contra-interrogatorio, Castillo Semán le  preguntó  si tenía conocimiento del retiro masivo de más 11 mil millones como consecuencia del escándalo de la “tarjeta de Pepe”.  El testigo dijo no creer que esos retiros tengan que ver con el caso de las tarjetas del militar retirado.

”Nosotros detectamos que esos retiros no eran del público, eran de cuentas de vinculados”, precisó.

Argumentó que el sometimiento a la justicia de Báez Figueroa  y los demás imputados se produjo por decisión de la Junta Monetaria, además de que era una exigencia de los organismos internacionales para dar el apoyo necesario a la crisis que vivía el país en ese momento.

CONSEJO DE DEFENSA

Juárez Castillo Semán, a su salida del tribunal, explicó que Malkún ha aportado consideraciones importantes a la defensa de los imputados, pese a que  fue la persona que firmó la querella.

Con relación al proceso de fusión entre Baninter y el Banco del Progreso, explicó que resulta paradójico que el testigo dijera el  7 de abril de 2003 que se dejó sin efecto la negociación entre ambas entidades porque supuestamente había una brecha muy grande entre los pasivos y activos de la quebrada entidad bancaria, “sin embargo en un discurso que pronunciara el primero de mayo ante los comerciantes de Santiago, dice todo lo contrario, es decir que todos los activos de Baninter alcanzaban para cubrir sus compromisos”.

Se preguntó el abogado qué hizo cambiar a Malkún del primero de mayo al 13 para presentar la querella, y a seguidas, insistió en señalar que la intención real y efectivamente era “echarle mano al banco y a los medios de comunicación”.

“Se estaban comprando un banco a la medida, incluyendo a las empresas vinculadas que eran muy valiosas. Tú sabes lo que es coger 70 mil millones del Banco Central y comprar un banco y después atribuírselo a unos banqueros que dizque engañaron a la autoridad.”, adujo.

Reiteró que la acusación es de carácter político y que Malkún protege a Mejía, “porque el lo dijo ahí que es un hombre del presidente”.

La audiencia fue recesada para hoy a las 9:00 am, cuando Castillo Semán continuará su contra-interrogatorio al testigo.

PARTE CIVIL

De su lado, José Lorenzo Fermín precisó que el testigo dejó claramente establecido que el sometimiento a la justicia de estas personas  fue producto de un consenso de la Junta Monetaria después de haber abortado largas jornadas de consulta, no solo con técnicos nacionales, sino asesores y consultores internacionales como  el español Aristóbulo de Juan, quien participó en la recomendación de la decisión del 7 de abril que implicó la revocación del acuerdo de fusión entre el banco del Progreso y Baninter.

“Malkún dijo aquí que la fusión de Baninter no fue abortada por iniciativa del Banco Central, sino por el propio Banco del Progreso en la persona de su presidente, Pedro Castillo, que decidió su suspensión porque no habían los activos a los que ellos  hacían referencia en el anexo único”, agregó.

Negó de manera categórica  que exista la posibilidad de un acuerdo  entre las partes, a fin de reducir las posibles penas a imponer a los imputados.

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