Durante mi niñez solía escuchar a mayores y ancianos repetir, a manera de estribillo, aquello de que de la costumbre nace la ley. Ese concepto vino a chocar frontalmente con lo que ya de adulto otros me decían: la ley es nueva pero pronto se hará una costumbre.

Cuando se fundó el Partido de la Liberación Dominicana, su presidente, el profesor Juan Bosch, enarboló durante varios años la consigna oposicionista de obligar al gobierno a realizar sus ejecutorias dentro del marco legal.   La Francia del siglo XVIII, también llamado el siglo de las luces, había lanzado como estandarte de la revolución la frase célebre de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Bosch conocía con profundidad cada detalle de lo que fue el fin de la monarquía gala, y como demócrata que era defendía con fuerza y entusiasmo la libertad, a la vez que abogaba por una justicia social en paz y armonía.

Para que una determinada sociedad pueda desarrollarse civilizadamente tiene que imperar un ambiente de convivencia y respeto por  parte del colectivo a sus preceptos legales, ya que estos constituyen los pilares en donde descansa el orden entre los ciudadanos. Es por eso que desde hace varios años venimos mirando con preocupación, así como manifestando públicamente nuestro desacuerdo y repudio a la peligrosa tendencia de ciertos grupos comunitarios que tratan de hacerse justicia por sus propias manos, llegando al extremo de matar a gente acusada de cometer algún delito. 

Los disturbios acaecidos en el sur y la línea noroeste del país en donde nacionales haitianos y dominicanos han perdido la vida de manera violenta, agregándose a ello la destrucción de propiedades, incluida la quema de vivienda, así como el desalojo precipitado de familias, pudiera convertirse en una espiral ascendente de sangre y luto de consecuencias catastróficas para ambas naciones. No hay razón valedera por poderosa que parezca que justifique los actos salvajes y vandálicos que se han registrado en distintos sitios de la República Dominicana. Es tiempo ya de controlar de un modo legal, efectivo y eficiente la emigración de individuos provenientes de la hermana República de Haití.

Aquellos polvos nos están trayendo estos lodos. La entrada ilegal de braceros haitianos a territorio dominicano está reforzada por la inestabilidad política y la grave situación económica por la que transita aquel país, conjuntamente con el estímulo que representa una mano de obra barata para constructores y terratenientes agrícolas criollos.

A medida que crece el flujo sin control así mismo aumenta el número de familias que se asientan sin permiso en la tierra de Duarte. Urge ponerle un pare a estos malos ejemplos de barbarie turbera y de hacerse de la vista gorda. Apliquemos la ley y la justicia en toda su dimensión, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, hasta lograr que el respeto al orden jurídico se vuelva costumbre y no que el desorden y los malos ejemplos nos lleven  a un desastre social de funestas consecuencias.