Un signo característico de las instituciones públicas es haber funcionado por mucho tiempo sin planificación, distanciadas de los modelos gerenciales modernos.

Casi siempre se apela al argumento de las muchas necesidades que arrastra República Dominicana.

Justificación admisible en parte, no del todo.

Pecamos de dejar que las obras que cuestan una millonada al Estado – vale decir al contribuyente – alcancen la categoría de inservible, para emprender su rehabilitación, re-acondicionamiento o reparación.

En estos días he escuchado o leído decenas de quejas sobre el abandono o indiferencia de los gobiernos a responder reclamos de imprescindibles obras comunitarias.

Desde Comendador a Puerto Plata, de San Juan de la Maguana a El Seibo, de Azua a Samaná o desde Barahona a Santiago se escuchan gritos constantes, voces unísonas para que les cumplan promesas.

En estas mismas páginas he admitido que el Presidente Fernández debe tener un cúmulo de presiones diarias, no solo para que autorice inversiones en tal o cual proyecto, sino además por designaciones en el tren administrativo o en el cómodo servicio exterior.

Un mal hábito de la política vernácula: esperarlo todo del gobernante de turno.

Quizás sería más efectivo que las poblaciones contribuyan  a solucionar sus carencias.

En el afán de pretender satisfacer a uno u otro sector político o demarcación, los gobiernos  van desatendiendo obras de enorme importancia.

A veces, los malos hábitos de la política criolla nos apartan de las prioridades nacionales.