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Bien-Aimé St. Clair frunció el ceño mientras el flujo de migrantes haitianos pasó frente a él. Acusados de vivir en la República Dominicana ilegalmente, sabían que no tenían opción sino cruzar la frontera de regreso a Haití.
Pero St. Clair, de 18 años, dudaba. Le gritó a un agente de migración.
“¡Patrón! ¡Wey! Yo no conozco a nadie ahí”, gritó en español, señalando hacia Haití mientras permanecía en la frontera entre los dos países que comparten en la isla La Española.
St. Clair era un niño cuando su madre lo llevó a la República Dominicana, y aunque su vida ha sido difícil —su mamá murió cuando era chico, su padre desapareció y él quedó solo al cuidado de su hermano discapacitado— es la única vida que ha conocido.
Y ahora, lo forzaban a irse, como a más de 31.000 personas deportadas por la República Dominicana a Haití este año, más de 12.000 de ellos en tan sólo los últimos tres meses —un incremento enorme, según observadores.
Mientras el resto del mundo cierra sus puertas a los migrantes haitianos, el país que comparte una isla con Haití también toma medidas severas de una manera que activistas por los derechos humanos dicen que no ha sido vista en décadas.
Activistas se oponen
El incremento en el maltrato a los haitianos del país, dicen, coincidió con la llegada de Luis Abinader, quien asumió la presidencia en agosto de 2020.
Acusan al gobierno de apuntar a poblaciones vulnerables, de separar a niños de sus padres y de realizar perfilamiento racial —Haití es abrumadoramente negro, mientras que la mayoría de los dominicanos se identifican como mestizos. Las autoridades dominicanas, dicen los activistas, no sólo buscan a haitianos que recientemente cruzaron ilegalmente a la República Dominicana, sino también a quienes han vivido allí desde hace mucho tiempo.
“Nunca antes se había visto”, dijo William Charpantier, coordinador nacional de la organización sin fines de lucro Mesa Nacional para las Migraciones y los Refugiados en República Dominicana. “El gobierno ha asumido eso como si estuviéramos viviendo una guerra”.
Han arrestado a haitianos que cruzaron ilegalmente a República Dominicana; a haitianos cuyos permisos de trabajo dominicanos han expirado; a los nacidos en la República Dominicana de padres haitianos a quienes se les negó la ciudadanía; incluso, dicen los activistas, a dominicanos negros nacidos de padres dominicanos a quienes las autoridades confunden con haitianos.
Los funcionarios y activistas haitianos también dicen que el gobierno viola leyes y acuerdos al deportar a mujeres embarazadas, separar a los niños de sus padres y arrestar a las personas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.
Acusan al presidente Abinader
Mientras tanto, los activistas dicen que la hostilidad contra los haitianos aumenta desde que Abinader desató una serie de acciones antihaitianas.
Por ejemplo, suspendió un programa de visas de estudiantes para haitianos, prohibió a las empresas que más del 20% de su fuerza laboral fuera de trabajadores migrantes y ordenó a los migrantes haitianos que registren su localización.
Anunció una auditoría de unas 220.000 personas a las que anteriormente se les otorgó estatus migratorio para determinar si todavía califican, y advirtió que cualquiera que proporcione transporte o vivienda a inmigrantes indocumentados será multado.
Y suspendió los pagos de pensión que se adeudan a cientos de extrabajadores de la caña de azúcar, la mayoría de ellos haitianos.
Las medidas siguen al anuncio de Abinader en febrero de que su administración construiría un muro multimillonario de 190 kilómetros a lo largo de la frontera con Haití.
