JULIO BREA FRANCO
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Sucede que en los días inmediatamente anteriores a la jornada de votación de cada elección, una cantidad apreciable de dominicanos se desplaza al interior para acudir a votar.

Es que muchos siguen inscritos en sus lugares de origen, aunque tengan sus domicilios en Santo Domingo u otras ciudades de gran concentración poblacional. Es un fenómeno reiterativo por lo que puede considerarse un rasgo de nuestra cultura electoral.

El registro electoral, como conjunto de inscritos hábiles para ejercer el derecho al voto,  constituye la pieza fundamental en cualquier elección. Como instrumento es el que permite organizar territorialmente las elecciones  lo que facilita materialmente que millones de personas puedan acudir a lugares predeterminados con tal propósito.

 El carnet o certificado de inscripción –la cédula de identificación- es el documento que da fe de la validez de la inclusión en las listas de electores. Como tal es un documento probatorio.

El registro,  por igual,  es el mecanismo de control por antonomasia del principio “un hombre, un voto”: nadie puede estar más de una vez en las listas y, por consiguiente,  votar más de una vez. Por ello es la  principal garantía de  la transparencia electoral.

El Registro es el elemento más costoso y laborioso del sistema electoral. Elaborar una base de datos y mantenerla actualizada dinámicamente requiere recursos, personal y, hoy día,  tecnología. Constituye por sí mismo un sistema que cumple  funciones o tareas,  con un flujo de entrada (nuevos inscritos), de salida (fallecidos) y de cambios (en la identificación,  situación y estado personal y civil). 

Requiere de eficiencia pero también de controles precisamente por su importancia política.  Puede ser evaluado, además de cualitativamente, cuantitativamente. El registro electoral debe mantener una relación razonable con las estadísticas demográficas: con la población total, a nivel nacional y su distribución provincial y municipal;  y la población en edad de votar (de 18 años y más) llamada también población electoral.

A nivel nacional en 2006 y 2008,   la tasa de inclusión es aceptable: un 92% de la población electoral está dentro del sistema. La exclusión es de apenas un 8%. Sin embargo cuando se analiza su distribución provincial y municipal  se detectan situaciones a las que debe prestársele atención.

En nueve provincias,  la cantidad de inscritos en el registro es mayor que la población electoral. El rango va desde un 100% a un 135%. Esto quiere decir que estadísticamente hay más electores que población en edad de votar.

Hay provincias que registraron un crecimiento negativo entre los censos 1993 y 2002. En esos casos puede entenderse el fenómeno de más electores que personas en edad de votar. Tal es el caso de Salcedo, Dajabón y Santiago Rodríguez. 

Son distintos los casos de Pedernales (135%) y Monte Plata (130%). Despiertan suspicacia, pues no hay razón que explique este superávit. De Pedernales se habló mucho en el 2006. Las estadísticas evidencian  que hubo un trasiego de electores. En el 2002 la tasa fue de 102%; para 2006 de 135%. Un  33% de crecimiento por encima de la población electoral.