Aquí siempre es la primera vez, aunque las situaciones se repitan en el tiempo ocasión tras ocasión. Al parecer padecemos de un déficit de concentración: la atención no supera el corto plazo. Pasado el momento todo cae en el olvido hasta la siguiente ocurrencia que, de nuevo, vuelve a ser la primera. A las situaciones no se les da seguimiento. Y eso mismo ocurre con las elecciones, que son periódicas y con intervalos de dos o cuatro años. Un tiempo perfecto para el olvido.

El Senado, es decir, el PLD, aprobó una resolución solicitándole a la JCE la reversión de los cambios de residencia solicitados por ciudadanos en los últimos años. El organismo recibió la comisión y el documento, prometió investigar y, en apariencia, llegó más lejos: por resolución del pleno, cerró la aceptación de solicitudes de cambio para el venidero proceso electoral de 2010.

Cualquiera diría que la Junta reaccionó positivamente -al menos en parte- al pedimento del Senado. Resulta, sin embargo, que ese cierre estaba ya previsto para el 16 de septiembre y se materializaría con o sin pedimento. Así consta en el cronograma electoral regresivo que ella misma publica.

Las razones recientes de la cuestión han sido las denuncias de supuestos trasvases o trasiegos de electores de un municipio a otro con el fin de abultar la masa de votantes comprometidos con un candidato; y así, en las votaciones, lograr escaños congresionales y municipales. La gente no es movida graciosamente: se habla de compra venta. El servicio tiene su precio. Ya la maña no es nueva.

Cualquier sistema de registro electoral debe y tiene que prever la posibilidad de que un ciudadano pueda realizar cambios de residencia que implique su reubicación en otro lugar de votación. Una parte de la población se encuentra en movilización continua.

La normativa electoral se ocupa de estos movimientos, pero no lo hace de manera satisfactoria y los protocolos administrativos han demostrado no ser eficientes. Si lo fueran no habría intentos de trasiegos y menos exitosos.

Todo registro electoral guarda relación con la población en edad de votar. El análisis estadístico de las elecciones 2006 y 2008 da la alerta en cuatro demarcaciones. En ellas aparecen más inscritos que población electoral: el Distrito Nacional (117% y 114%); Salcedo (119 y 116); Santiago Rodríguez (106 y 105); Pedernales (92 y 117). No necesariamente estos excesos son la expresión de trasiego de electores. Pero la alarma sirve para analizar con detenimiento estos casos.

Nunca se puede hablar de fraude hasta que no se demuestre con datos objetivos. Y menos catalogarlo como tal antes de materializarse. Los datos de Pedernales 2006 apuntan a que sí hubo trasiego.

La pregunta siguiente sería: ¿fue efectiva la maniobra? Parece que no. Si se habla de unos 3 mil 500 electores movilizados, el crecimiento de los votantes debió ser cercano a esa cifra. Sin embargo fue tan solo de 1,393 votantes con respecto a 2002.

Por otra parte, el ausentismo tuvo un aumento neto 2,578 electores. Eso significa que en 2002 votó el 72% pero en el 2006 el 68%. Se movieron pero no todos votaron porque al final no acudieron a las urnas. Para determinar si se alcanzó el propósito hay que hurgar para determinar quiénes fueron los promotores. Si los potenciales interesados están entre los candidatos, habría que ver quienes ganaron.

¿Qué hacer entonces para evitarlo? Hay que mejorar procedimientos, exigir documentación y, sobretodo, hacer comprobaciones. La gente que se muda debe solicitarlo en el nuevo municipio personalmente. Debe además demostrar con documentos que es real. Como han de disponer de un lugar para estar, que lo prueben (un contrato o acuerdo de alquiler o compra, algún recibo de servicios, comprobantes de pago de un empleador). Algo, que, en fin de cuentas, avale. Y debe renunciar primero a la inscripción en el municipio que abandona. Sin pruebas no se procesa la solicitud. La aceptación dependería de la comprobación. Eso es lo que se estila en las legislaciones y en la práctica en países de mayor desarrollo.