La Constitución dominicana, calificada como una de las más avanzadas del mundo, declara al país como un Estado Social Democrático y de Derecho. Empero, eso no puede existir en una nación donde se niegue el derecho a disentir y a protestar.

La sustentación jurídica para este derecho es el reconocimiento y la protección de otros, como la libertad de expresión y opinión, de asociación, de reunión pacífica, de prensa y los derechos sindicales, que ha hecho el Estado dominicano, no sólo en la referida Constitución, sino también en tratados internacionales.

De hecho, el derecho a disentir es un eje fundamental de la democracia. Le asiste a los ciudadanos que reivindican con protestas su derecho a participación y a la vez retroalimentan al Estado acerca de sus aspiraciones, demandas y opiniones.

Este derecho asiste a los periodistas, quienes en el esquema de una sociedad democrática están llamados a ser perros guardianes, por lo que deben mantener una actitud vigilante, no de contubernio, adulación o clientelismo, como sucede con las llamadas bocinas, que alquilan sus plumas y micrófonos en aras de defender al líder-cliente y atacar ferozmente a la disidencia-demonio.

Independientemente de lo que digan, protestar es un derecho y reprimir es un delito. Y es gracias a los ciudadanos que han ejercido su derecho a protestar y a disentir, que el pueblo dominicano ha logrado la preservación de Los Haitises, la asignación del 4% para Educación, margen de ganancia más alto para el Estado en el contrato Barrick Gold, defensa de Bahía de las Águilas y la no explotación de Miranda. Es decir, importantes conquistas sociales de los últimos años han estado vinculadas a la movilización social y no a voluntades partidarias o gubernamentales.

Lograr esto ha sido valiente por la exposición a la violencia, porque organismos policiales y militares, cuyo deber es la protección ciudadana, son movilizados para reprimirla, orden que obedecen fielmente, amenaza agravada ahora ante el resurgimiento de los paleros.

En “La mancha indeleble”, Juan Bosch critica la exigencia que hacen los partidos para que los militantes se quiten las cabezas y se las entreguen, abandonando su capacidad de pensar. Quizás eso pretenden sectores de República Dominicana, que tienen tal nivel de exigencia con miembros de sus entidades políticas y con periodistas y ciudadanos. Pero aquí no todos tienen precio, ni están dispuestos a entregar sus cabezas.

En los arquetipos de los dominicanos abundan los corruptos y clientelistas y persisten los caudillos, pero no faltan quienes defienden y defenderán en las calles el derecho a vida digna para todos, que se nos niega en el Congreso, en Palacio y en las casas nacionales de algunos partidos, injusticia que se justifica en columnas de “opinión” o en “programas de panel”.