Siete de los 11 involucrados en el caso de la venta de terrenos de Los Tres Brazos, deberán cumplir prisión de tres meses en la cárcel de Najayo, como medida de coerción. Así lo determinó ayer el juez Alejandro Vargas, quien además se negó a acoger la petición del Ministerio Público de declarar complejo el caso.
Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE); Manuel Aybar Fernando, ex gerente inmobiliario de CORDE; los hermanos Julio Cesar Gómez Williams y Carlos Aris Gómez Williams, accionistas de Infepa; Domingo Gerardo Lebrón y a José Enrique de Poll Dominici, accionista de Titulatec, le fueron impuestos 3 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras que Juana Ynés Gómez Williams, accionista de Inmobiliaria GOWI, recibirá la misma pena en Najayo Mujeres.
Antes de establecer su veredicto a estos imputados, el juez Vargas, se tomó tiempo para destacarles el mal proceder en la negociación. “La forma en la que ustedes actuaron denota necesariamente que no hicieron lo correcto. Ustedes armaron un tinglado para ustedes aprovecharse económicamente de la situación, para sacar ventaja y que procedieron de manera irregular, porque el sentido común les dice a ustedes, ademas del valor de mercado, de que una actuación de esa naturaleza tenía que contar con los mayores niveles de transparencia necesarios. Ustedes sí le han dado razones al Ministerio Público de que se han asociado con fines de estafar”, advirtió el magistrado en el tono pausado que le caracteriza.
Garantía económica. Respecto a los imputados, Irving José Cruz Crespo, Rosabell Castillo Rolffot, Ana Ozuna Nolasco y Hadonnis Ruiz Mella el magistrado Vargas determinó que deberán pagar una garantía económica de 500 mil pesos mediante contrato, pero además le fue impuesto un impedimento de salida del país, así como también la obligación de estar presentes el primer lunes de cada mes, ante el procurador fiscal adjunto encargado de la investigación, hasta tanto se defina el curso de la misma. El juez de la oficina judicial de servicios de atención permanente, también determinó que el caso sea llevado al Tribunal Constitucional para que este defina si la procedencia jurídica de compra estuvo bien o mal y dio un plazo de 10 días a los abogados, para que presenten en apelación.