Lima.- El presidente del Poder Judicial de Perú, Duberlí Rodríguez, afirmó hoy que el Estado peruano tiene que acatar lo que señale la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre el indulto otorgado al exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000).

“En tanto somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y este sistema está tutelado por la Corte, que es un órgano de justicia supranacional, entonces el Estado peruano tiene que acatar”, declaró Rodríguez en la emisora IdeeleRadio.

El presidente del Poder Judicial remarcó que el indulto otorgado el 24 de diciembre por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se puede revertir si existe un mandato de la CorteIDH.

“Si la Corte lo ordena, y como nosotros aceptamos la competencia de la Corte Interamericana, entiendo que así será, pero obviamente habría que esperar qué va a ocurrir”, explicó.

Rodríguez también dijo que el Poder Judicial podría declarar inaplicable el derecho de gracia que también otorgó Kuczynski a Fujimori y que libra al exgobernante de ser procesado en casos como el de la ejecución extrajudicial de seis personas en Pativilca, en el norte de la región Lima.

“En el marco de las probabilidades, sí”, sostuvo Rodríguez al referirse al extremo de que el tribunal supremo a cargo de ese caso decida rechazar la decisión de Kuczynski. Indicó que, en todo caso, esa es una decisión que debe tomar la Sala Penal Nacional del Poder Judicial, que sigue el proceso por tratarse de delitos de lesa humanidad.

“Todo es posible”, acotó, en referencia a la resolución que tomará la sala en la reunión que, según se informó, celebrará el próximo 26 de enero para tomar una decisión sobre el caso Pativilca.

La CorteIDH confirmó hoy que la audiencia por el indulto a Fujimori se efectuará el 2 de febrero a petición de los deudos de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales la Corte condenó al Estado, en 2006 y 2001, respectivamente, como responsable de violaciones de derechos humanos.

Esta vista corresponderá a la supervisión del cumplimiento de las sentencias, en cuyos párrafos resolutivos ordenaron al Estado investigar, juzgar y sancionar a los responsables, explicaron a Efe fuentes del tribunal.

Fujimori anunció hoy en Twitter que designó al abogado Miguel Pérez Arroyo y a un “equipo especializado” para que lo representen en la audiencia de la CorteIDH, que escuchará a los representantes del Estado y de las víctimas y es posible que en días posteriores emita una resolución que determinará si Perú está cumpliendo con las sentencias.

El expresidente fue condenado en 2009 por la Justicia peruana a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.