Desde finales de la década de los 90 se instauró en el país un retorno a las restricciones en las vestimentas de las personas como barrera de acceso a los servicios en instituciones públicas, derecho que le corresponde a toda persona residente en este país.

Estas restricciones permean los servicios de salud, educación, justicia en todos los Ministerios y oficinas públicas. Los impedimentos afectan notablemente a las mujeres y grupos vulnerables, quienes solo pueden acceder si “aparentan” un estatus social distinto al suyo. Se convierten en una práctica de exclusión y discriminación social hacia los grupos vulnerables, sobre todo a las mujeres, una violación a los derechos que tiene toda persona en el país de recibir los servicios que debe ofrecer el Estado sin impedimentos.

Una de las principales imposiciones supuestamente “protocolares” son las mangas. Se le obliga sobre todo a las mujeres, cubrir los hombros para poder entrar a cualquier dependencia del Estado. Esta prerrogativa se asemeja a la que exigen los países musulmanes.

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¿Por qué coincidimos con las matrices religiosas musulmanas en su prohibición a la exhibición de los hombros de las mujeres y su visión como una ofensa pública?

Tanto en el imaginario religioso musulmán como en nuestra sociedad (con imaginario religioso judeocristiano) se identifican los hombros y el cuerpo de las mujeres como provocativo y ofensivo. Se nos acusa del acoso sexual despojando a los hombres de su responsabilidad de autocontrol. Esta visión y sanción está sostenida en la desigualdad de género que niega la autonomía y derechos de las mujeres sobre sus cuerpos.

¿Qué dificultades generan los hombros descubiertos para trabajar en una oficina, acceder a un servicio público o participar en una actividad en dependencias del Estado?

Detrás de las restricciones en las vestimentas encontramos un imaginario cultural conservador y antidemocrático que le otorga carácter conductual. Se entiende que la apariencia refleja un tipo de conducta que puede quebrar la “seriedad” y “formalidad” de un espacio laboral, público o estatal.

No se puede hablar de libertades mientras existan restricciones y prohibiciones de acceso al ejercicio de derechos ciudadanos en los distintos sectores del Estado que se convierten en prácticas discriminatorias y violatorias de los mismos.

Estas restricciones se producen en contextos políticos de dictaduras, como ocurrió en la época de la tiranía trujillista en la que se establecieron códigos de vestimentas diferenciados y autoritarios que imponían formas de vestir para espacios públicos, actos sociales, lugares de trabajo y educativos. El ejercicio de la democracia se sostiene en el respeto a las libertades y derechos. Mientras existan barreras absurdas como la vestimenta no podemos hablar de una democracia plena.