Juan Bosch, Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez estructuraron sus organizaciones en un contexto singular de la vida política en el país porque el peso excepcional de sus personalidades caracterizó los aparatos partidarios que sirvieron de plataforma y fuente de aspiración electoral. Los tres tenían plena conciencia política. No obstante, muchos de sus planteamientos, actuaciones y rasgos ideológicos exhibían una carga personal de altísimo contenido autoritario.
Aunque pasa inadvertido, el Pacto por la Democracia cumple 25 años y un justo balance de los avances alcanzados nos colocan en el eterno dilema del sistema: la sed democrática choca con actores que se resisten a dejar que la institucionalidad avance, crezca y desarrolle su sentido de madurez alejada de la perversa influencia política. No es que la clase partidaria desaparezca de los mecanismos constitucionales que conducen a la elección del personal de toda la estructura del sector justicia sino que sus manías no contribuyan a la caricaturización de un modelo que, en la medida que se torna fuerte y creíble, gana la sociedad en su conjunto.
Cuando la esperanza de una verdadera institucionalidad se expresó en la creación de las Altas Cortes, antes habíamos entendido que con el Consejo Nacional de la Magistratura se borraba la influencia de los senadores en la designación de los jueces. Ahora bien, todas las energías dedicadas al proceso de cambio y fortalecimiento del modelo democrático siguen chocando con hábitos y mentalidades que se resisten a su real independencia. De ahí que las últimas decisiones en materia electoral y constitucional demuestran que la existencia de normas, leyes y precedentes, no eliminan posturas irracionales y de sello autoritario en los partidos.
La desventaja en el origen de la elección de los integrantes de las Altas Cortes consistió en la concepción de reparto y cuotas que dañó un primer ciclo de ejercicio institucional porque lo “dictado” era conducido con un marcado interés de genuflexión ante las fuerzas políticas y personalidades que garantizaron un asiento a los seleccionados. Los resultados en la sociedad están a la vista de todos, y una sana lectura de esas equivocaciones deben de conducir a una profunda reflexión de los llamados a ejecutar decisiones en el marco de su responsabilidad institucional porque el desprecio y desdén ciudadano conducen al zafacón de la historia a los que no se comportan a la altura de las circunstancias y sentido de decencia.
El Tribunal Superior Electoral (TSE), la Junta Central (JCE) y el Tribunal Constitucional (TC) deben constituirse en muro de contención de las manías autoritarias existentes en los partidos debido a que en el marco de la cercanía de los comicios, las locuras, excesos de los aspirantes y su afán por esquivar las leyes 15-19, 33-18 y la multiplicidad de precedentes electorales y constitucionales, alcanzarían niveles de desbordamientos impensables y la autoridad moral y correcta actuación conforme a los mandatos legales es el único mecanismo en capacidad de devolver a las organizaciones al justo punto de racionalidad. No nos engañemos, tantos años retorciendo la institucionalidad no se disuelven de un día para “otro”. De ahí, las piruetas de un poder que tendrá en la cercanía del proceso un argumento/momentum para que la noción de oportunidad sirva de sombrilla protectora en reiterar prácticas autoritarias en los partidos.

Básicamente en el TSE, los ojos del país estarán al tanto de sus decisiones. Y es entendible porque las audiencias a celebrarse se desprenderán dos responsabilidades fundamentales: disponer vía sentencias la correcta actuación de los partidos y borrar el funesto fantasma de una gestión anterior caracterizada por la clarísima intención de imponer la política sobre el derecho.

La noción de equilibrio y compensación que tanto seduce a exponentes de la clase partidaria no podrá bendecirla ningún órgano electoral porque extender tantas mañas resultaría catastrófico para la institucionalidad democrática. Al país le conviene ponerle un punto final a las conversaciones secretas entre políticos y magistrados para “amarrar” sentencias, visitas de ministros interesados en decisiones electorales y sepultar la fatalidad de colocar a hijos y familiares en la nómina pública con el interés de “ganar” procesos.

¡Aunque algunos se resistan a creerlo, la ciudadanía observa!