El contrabando y la evasión no son exclusividad de la informalidad. La corrupción, el contubernio, las debilidades e incapacidades institucionales, públicas y privadas son los factores clave que originan esos males. En ausencia de informalidad, el contrabando y la evasión ocurren.
La magnitud de esos ilícitos es directamente proporcional al grado en que se manifiesten aquellos ingredientes. Lo ocurrido en Guatemala con el caso conocido como “La Línea”, que sacó de la presidencia y llevó a la cárcel a Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, así como a la exdirectora de Aduanas Claudia Méndez y a decenas de personajes del sector privado, ejemplifica lo dicho.

En el ámbito dominicano, el análisis de algunos datos sobre lo que ha acontecido en los últimos 24 años, arroja detalles y conclusiones interesantes.

A mediados de los años 90, solo hizo falta una justicia sana para que sucediera casi lo mismo que en Guatemala. El informe hecho público por la Contraloría General de la República cifró en más de 1,044 millones de pesos el monto preliminar de la evasión; aunque actores de primera línea en las investigaciones aseguran que el monto real duplicaría o triplicaría aquella suma. El contrabando y la evasión fueron de tal dimensión que el Banco Central suele medir las cuentas nacionales de la época estableciendo un antes y un después de 1994.

La “Línea Dominicana” tuvo raíces tan profundas y una repercusión social y política tan significativas que el extinto expresidente Joaquín Balaguer debió referirse a ella en su discurso del 27 de febrero del año 1995. Ha sido la más importante red de contrabando que haya existido desde los años 60. Su líder acumuló tanta influencia económica y política que, a los pocos años del desmantelamiento de la estructura mafiosa, se le permitió volver a operar. Por supuesto, no tardó tres meses en reincidir. Aunque una vehemente advertencia sirvió de poco para evitar la traición, el escándalo fue un acto final.

En abril de 2005, Miguel Cocco reveló a los medios que una pandilla había logrado sacar unos 700 contenedores de electrodomésticos, bebidas alcohólicas, entre otras mercancías, sin pagar los impuestos, durante la administración 2000-2004 y que más de RD$14,418 millones de pesos se habrían dejado de reliquidar. Denunció que 1,080 vehículos de la institución habrían desaparecido. La batalla para recuperar el control fue tan feroz que hasta hubo asesinatos de oficiales de aduanas y secuestro y muerte de personal de seguridad de una terminal portuaria.

En el período 2009 a 2014, gracias a los grandes avances institucionales y tecnológicos alcanzados a partir de 2005, Aduanas detectó unos RD$25,305 millones por casos de subvaluaciones, contrabandos, intentos de triangulación, y otros delitos. La fiscalización de más de 230 empresas importadoras formales en el año 2015 arrojó como resultado unos RD$9,729.2 millones.

En el año 2007, las recaudaciones por ciertas ventas al mercado local fueron de 83.9 millones de pesos. Tras denuncias de sectores empresariales, la Dirección General de Aduanas (DGA) ejecutó cuatro acciones: 1) Formó un equipo con solo dos técnicas altamente calificadas y de probada honestidad, bajo la coordinación de un asesor; 2) El equipo hizo un levantamiento a nivel nacional de las empresas relacionadas con dicha actividad y determinó, entre otros detalles, que menos del 15% pagaban correctamente los tributos aduaneros; 3) Se dispuso que cada transacción debía ser declarada utilizando el SIGA; 4)El pago por vía de “e-banking” de los impuestos antes de la entrega de las mercancías.

En el año 2010, las recaudaciones por dicha actividad aumentaron a RD$165.6 millones; en 2011, consolidados los procedimientos y vencidas enormes resistencias internas y externas, los ingresos fueron RD$620.8 millones.
En 2013, RD$1,722.9 millones; en 2014, RD$1,865.5 millones; y en 2015 unos RD$2,385.73 millones.

Como se observa, la informalidad no es un factor determinante en lo que tiene que ver con la evasión o el contrabando, mientras no se logre un alto nivel de cumplimiento entre actores formales.
Como nota curiosa, parece que la retaliación se cebó luego contra los técnicos que participaron en esas tareas.

Quien se roba hoy el 18% del impuesto sobre bienes industrializados (ITBIS), se robó antes el 12%, el 8% y el 6%. El que evadió en la década de los 80 un arancel que superaba el 88% en promedio, igual hizo o lo intentó con el 20% de los años 90 y seguirá haciéndolo con el 4.3% actual. Quienes evaden el 27% del Impuesto sobre la Renta, igual lo hacían con el 10%.
La evasión y el contrabando no son, necesariamente, consustanciales al nivel de las tasas. Siempre habrá quien intente evadir impuestos o, en ausencia de ellos, traficar con mercancías prohibidas, controladas o falsificadas.

Las entidades recaudadoras tienen la enorme tarea de garantizar la equidad mediante la aplicación ágil y transparente de las leyes.
La ineficiencia en esos ámbitos, sin importar qué la origine, se constituye en privilegio a favor de quienes no cumplen voluntariamente con la obligación tributaria.

Está demostrado que cuando la lucha en contra de los ilícitos ha sido efectiva, ha bastado un mínimo crítico de funcionarios capaces y honestos que no han temido ser destituidos y solo ha tenido que enfrentar dos obstáculos: la debilidad del sistema de Justicia y la politiquería.

Se advierte que la “Mesa Presidencial contra el Contrabando, la Falsificación e Informalidad de Bienes” atrofia la institucionalidad y atomiza los esfuerzos. Responsabilidades básicas de la DGA y DGII no deben ser trasladadas a ninguna otra instancia. Esas entidades deben ser apoyadas en el marco de su funcionalidad y exigirles eficiencia y rendición de cuentas.

La evasión del 65% del Impuesto sobre la Renta y el 45% del ITBIS, como afirma el director general de Impuestos Internos, son indicadores claros de los factores analizados. Plantear una nueva reforma fiscal bajo un escenario de tal debilidad operativa sería contraproducente.

Cuando el recaudo es eficiente y el control de los ilícitos apropiado, el nivel de las tasas de los impuestos solo puede ser catalogado como apropiado o inapropiado, en función de cómo impacte la dinámica económica, la competitividad del país, la atracción de inversión extranjera, etc.
Poco importa que la presión tributaria sea 14% o 20%, si no obedece a un esquema eficiente y transparente de los gastos del Gobierno y de eficiencia recaudadora.

En el período 96-2000, la DGA registró un aumento en las recaudaciones en más de un 78.5%, a pesar de que se aprobaron varias exenciones a importaciones de ciertos rubros, mientras se mantuvo estable la tasa de cambio. Luego, en el año 2005 (RD$58,114.4 millones), hubo un incremento por encima del 34.9% con respecto al año 2004 (RD$43,054.7), a pesar de que la tasa de cambio bajó de 41.93 a 30.28.

Por otro lado, hay tres elementos que han sustentado el crecimiento de la informalidad en la última década: 1) El no cobro de los impuestos a los despachos amparados en la categoría B del Decreto 402-05; 2) La introducción masiva de ropas usadas; 3) Las importaciones masivas de comestibles, electrodomésticos usados prohibidos, etc., traídos al país en tanques y cajas; todo ello en violación a diversas leyes y normas.

La batalla en contra de la evasión, de la informalidad y del contrabando precisa de una fuerte alianza público-privada. Se debe generar confianza y el programa del Operador Económico Autorizado, junto a los sistemas de gestión y análisis de riesgos, son las bases.

El apoyo del sistema de Justicia resulta vital. Los jueces no deben seguir favoreciendo con sentencias por supuesta falta de pruebas o por “no seguir el debido proceso”, a individuos atrapados en playas o en aeropuertos con millones de dólares traídos de contrabando en lanchas y aviones; o aquellos grabados repartiéndose maletas de dólares en aeropuertos; o los que trafican con cigarrillos, bebidas alcohólicas y con vehículos robados.

Por último, y sin que se haya dicho todo, no se debe debilitar el marco sancionador de la aduana. En cambio, hay que endurecer el de la DGII. Reducir riesgos, en un escenario de evasión como el que ha descrito la DGII y como queda evidenciado en los casos de la DGA, incrementará los males y, al final, todos pagaremos por la irresponsabilidad de algunos.