Manifestantes complican a los productores de petróleo de Ecuador

Manifestantes complican a los productores de petróleo de Ecuador

POR HAL WEITZMAN
En Lima

Cuando los manifestantes de la zona amazónica oriental de Ecuador cerraron las dos principales oleoductos del país, ocuparon estaciones de bombeo y secuestraron a docenas de trabajadores petroleros el mes pasado, muchos en la región andina tuvieron una sensación de algo vivido antes.

Las protestas obligaron a suspender las exportaciones de crudo durante un día entero. Hicieron recordar los alborotos de agosto pasado, cuando los que protestaban dinamitaron los conductos y destruyeron los equipos de bombeo. Entonces, Petroecuador, la compañía estatal, clausuró la producción y las exportaciones dos semanas, lo cual hizo que los precios futuros del crudo subieran US$2 por barril en Nueva York.

La segunda declaración de “fuerza mayor” a las exportaciones de petróleo en seis meses destaca la incapacidad del gobierno de aportar seguridad adecuada, algo que ha desviado las muy necesarias inversiones en el agobiado sector.

Ecuador es el quinto mayor productor de la región, con reservas comprobadas equivalentes a unos 4,6 millones de barriles de petróleo, la tercer de la región. En un día libre de manifestaciones, produce cerca de 525,000 b/d, de los cuales 200,000 barriles son producidos por yacimientos controlados por Petroecuador.

A pesar de los esfuerzos por parte de gobiernos sucesivos para diversificar la economía, el segundo exportador de crudo hacia Estados Unidos de América del Sur se ha vuelto cada vez más dependiente de las exportaciones de petróleo. En 2005, totalizaron US$5,8 millardos -60% de todas las exportaciones y 18.5% del producto interno bruto, de acuerdo con el  Banco Central de Ecuador.

Pero a pesar del “boom” del petróleo, Ecuador sigue siendo pobre. En parte, esto se debe a que gran parte de su crudo es del tipo pesado duro. Al carecer de capacidad de refinación adecuada, el país es un importador neto de productos refinados, un proceso costoso para el gobierno, puesto que muchos de esos productos son subsidiados.

Ecuador pudiera estar exportando mucho más. Su capacidad de producción, impulsada por la apertura del oleoducto OCP en 2003, es cerca de 850,000 b/d. Pero el sector petrolero está paralizado por el déficit de inversiones.

El dinero no puede venir de Petroecuador. Lastrado por la corrupción y la mala administración, la producción de la compañía estatal ha estado en declive durante la última década. Esto ha ido de la mano con un prolongada y severa crisis financiera: la compañía está en camino de terminar este año con deudas de más de US$550 millones. 

Luis Román, su presidente más reciente, renunció el mes pasado, al decir que Petroecuador no tenía efectivo suficiente para mantener sus operaciones básicas. Luis Alfredo Troya, el director de finanzas, describe la situación de la compañía como “critica” y advierte que se podría ver afectada la producción. Cerca de 4,000 trabajadores contratados están amenazando con ir a la huelga este mes para exigir salarios atrasados.

Sin embargo, Ecuador has sido particularmente incapaz de atraer inversión extranjera: ningún nuevo inversionista internacional ha firmado contrato de exploración o producción desde 1996.

La violencia forma parte de la explicación, en particular en el contexto de la tradición de inestabilidad política y la consecuente incertidumbre. En abril pasado, el Congreso, sin ceremonia alguna, sacó del cargo al presidente Lucio Gutiérrez, convirtiéndolo en el tercer presidente en ocho años que se  expulsa del cargo antes de tiempo. Muchos de los manifestantes todavía apoyan a Gutiérrez, quien proviene de esa región. Está en prisión, pero promete postularse de nuevo por la presidencia en octubre.

La profunda debilidad de las instituciones políticas significa que Quito no puede garantizar la ley y el orden en áreas remotas como el Amazonas. Como hizo en agosto, el gobierno decretó el estado de emergencia y envió tropas a enfrentar a los manifestantes. –sin embargo, es poco probable que los que dirigen ele espectáculo se hagan responsables.

El débil gobierno también inclinó al presidente Alfredo Palacio a aprovechar del sentimiento populista en un intento por defender su endeble administración. Siguiendo la pauta de Bolivia y Venezuela, Diego Borja, su ministro de Economía, quiere elevar los impuestos y los derechos que pagan los inversionistas extranjeros.

Una ley patrocinada por el gobierno que está ahora en el Congreso aplicaría tasas más altas retroactivas hasta el año 2000, lo que incrementaría la carga fiscal en US$400 millones anuales.

Aparte de estas preocupaciones políticas, ha viejos motivos por los cuales los inversionistas extranjeros se han apartado de Ecuador. Uno es un esquema legal que asignó los yacimientos que poseen grandes reservas comprobadas a Petroecuador, mientras que los depósitos marginales están bajo concesión. Según la ley ecuatoriana, las compañías privadas no pueden participar en negocios conjuntos con la compañía estatal en la elección de los campos.

“Petroecuador controla los yacimientos `joyas´, pero no cuenta ni con el dinero ni con la experiencia para desarrollarlos”, dice Lisa Schineller, especialista sobre Ecuador en Standard & Poor´s en Nueva York.

También el país entró en una serie de dilatadas batallas legales con otras compañías. EnCana, una compañía canadiense que la semana pasada dejó el país cuando vendió sus activos a un consorcio chino, está exigiendo una devolución de US$256 millones que dice se le deben por reembolsos por impuestos, y el fiscal general de Ecuador le pidió al gobierno que revoque su contrato con Occidental, de California, el mayor inversionista extranjero en el país, sobre varias supuestas violaciones del contrato.

El cierre de la semana pasada pudiera anunciar más violencia. A los representantes de la industria como René Ortiz, de la Asociación Ecuatoriana de Compañías Petroleras, que representa a las compañías privadas del sector, les preocupa que el sector del petróleo se convierta en el blanco de más protestas, en la medida que se aproximan las elecciones.

Walter Spurrier, un analista político en Guayaquil, refleja ese temor. “Vamos a tener más protestas, más paros de la actividad petrolera y más captura de rehenes”.

VERSION: IVAN PEREZ CARRION

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