Phoenix, (AFP).- Manifestantes protestaban en Phoenix hoy contra la ley antiinmigrantes de Arizona, a pesar de que entró en vigor sin las polémicas disposiciones que en la práctica hacían que se declarara la inmigración ilegal como un delito estatal en Estados Unidos.

Grupos defensores de los derechos civiles instaron a las escuelas públicas, a la población, a los gobiernos de las ciudades y a la policía local a no cumplir con esta ley, con una marcha que fue desde la iglesia hasta las oficinas del sheriff del condado, Joe Arpaio.

Agitando banderas mexicanas y estadounidenses y cantando canciones, los manifestantes se dirigieron hacia la oficina de Arpaio, llevando pancartas en las que se podía leer: «Cesen las redadas, no más expulsiones» y «Dejen de cazar a los inmigrantes ya».

Cuando llegaron al edifico del sheriff, que suele presentarse a sí mismo como un hombre duro y despiadado cazador de inmigrantes ilegales, la policía los esperaba con sus uniformes antidisturbios.

Arpaio anunció que unos 200 policías y voluntarios patrullarían en las calles de Phoenix este jueves y advirtió que los que provocaran disturbios serían detenidos.

«Todos estos manifestantes que vienen aquí de donde sea y los críticos locales no van a cambiar la manera como Arizona o su sheriff lucharán contra nuestro problema de inmigración ilegal», señaló Arpaio en un comunicado.

Grupos de hispanos, liderados por latinoamericanos, sostienen que esta ley traerá como consecuencia la discriminación racial.

La jueza federal de Phoenix, Susan Bolton, suspendió el miércoles las partes de la ley que pedían a la policía corroborar el estatus migratorio de toda persona sospechosa de no tener documentos, ya que «probablemente afecte a inmigrantes legales», en el estado fronterizo con México donde viven unos 2 millones de hispanos.

Sin embargo, la gobernadora Jan Brewer, quien promulgó la ley el 23 de abril, anunció que apelará la decisión inclusive ante la Corte Suprema. «La batalla aún no termina», afirmó.

Se estima que en Arizona habitan unas 460.000 personas indocumentadas de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos, la mayoría de ellos hispanos.