La entrada en vigencia del reglamento para contratación de mano de obra extranjera de la Ley General de Migración abre un capítulo importante para las relaciones laborales y el control de ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional. Y aunque la Dirección General de Migración promete que actuará sin excesos ni atropellos en su aplicación, lo más saludable sería que ese organismo procure que el sector empleador se acoja a esta norma a la mayor brevedad posible.
El reclutamiento de mano de obra indocumentada fomenta y protege la inmigración ilegal, propicia injusticia salarial y da lugar a que los trabajadores reclutados queden fuera de la protección del régimen de seguridad social. Alimenta, además, una competencia desleal en perjuicio del trabajador dominicano, que resulta desplazado porque los extranjeros en condición de ilegalidad trabajan por salarios mucho más bajos y condiciones sociales más rudas.
El sector empleador le haría un buen servicio al país si acoge estas reglas y sujeta sus contrataciones de mano de obra foránea al marco de legalidad establecido. La inmigración ilegal es uno de los problemas más graves que tenemos y la contratación de indocumentados alimenta ese flujo migratorio. La autoridad debe garantizar todas las facilidades posibles para que el reglamento sea acogido y pueda llenar su cometido.
Una Fiscalía dinámica
La Fiscalía de la provincia Santo Domingo está llevando sus servicios cada vez más cerca del ciudadano, para facilitarle el reclamo de sus derechos. La fiscal Olga Diná Llaverías informó la creación de un departamento que acogerá e investigará las denuncias de ciudadanos contra policías y militares por agresiones físicas. Ha creado otras dependencias con los mismos propósitos.
El lunes próximo quedará en servicio el Departamento de Asuntos Internos, que se encargará de investigar las denuncias contra policías y militares. En Pedro Brand abrió la Unidad de Atención al Usuario y Recepción de Denuncias. Habrá facilidades similares en Santo Domingo Norte, Boca Chica, San Antonio de Guerra. La idea es que los ciudadanos no tengan que recorrer grandes distancias para formalizar sus quejas por abuso. Es una dinámica que habla muy bien del Ministerio Público.