Llevamos décadas leyendo y escuchando, a propósito de los recurrentes fuegos forestales que han destruido parte importante de nuestra superficie boscosa, que estos son provocados deliberadamente por “manos criminales”, pero el crimen que cometen esas manos y sus dueños nunca han recibido la sanción condigna con la magnitud del daño que provocan. Eso podría cambiar, sin embargo, si el Procurador General de la República, el doctor Francisco Domínguez Brito, puede hacer cumplir su advertencia de que las personas que están provocando los incendios forestales que devoran nuestros bosques serán tratadas como criminales y delincuentes vulgares, por lo que serán enviados a las cárceles del kilómetro 15 de Azua, Najayo y La Victoria, igual que aquellos que cometen delitos de drogas, violaciones y homicidios. Y, de hecho, la advertencia del Procurador empezó a cumplirse, pues un juez acaba de imponer un mes de prisión preventiva a dos hombres acusados de provocar incendios en Dajabón, en tanto el Ministerio Público solicitó 14 órdenes de arresto contra igual cantidad de personas a las que se implica en incendios forestales en áreas boscosas de Constanza y San José de Ocoa. El mensaje de la autoridad a los incendiarios tiene que llegar claro y contundente si queremos contener la destrucción que provocan, pero también hay que apoyar y estimular las acciones del Procurador Domínguez Brito, y sobre todo rogar porque los jueces comprendan todo lo que está en juego y no lo dejen solo en este esfuerzo. Aunque lo ideal sería (¿por qué no aprovechar el momento para decirlo?) que otras manos criminales, como por ejemplo las que saquean las arcas del Estado, reciban también la sanción que merecen, pero ese camino empezó a recorrerlo, muy animoso, el Procurador, hasta que se tropezó con una pared tan alta tan alta tan alta que no la pudo saltar ni con una garrocha.