JOSÉ LOIS MALKUN
En un artículo publicado recientemente por Fabio Herrera-Miniño, en las páginas de opiniones del periódico HOY, se refería al descuido oficial en el mantenimiento de las obras públicas, y ponía como ejemplo el estado de abandono en que se encuentran muchas carreteras y edificaciones del Gobierno. Este es un problema ancestral porque a ningún Gobierno de este siglo o del pasado le ha interesado mantener dichas obras. Y el costo de este descuido no puede estimarse ya que alcanzaría una cifra astronómica que esta fuera de toda imaginación.  La idea es dejar que las obras públicas se deterioren hasta el punto de que hay que hacerlas de nuevo.

La lógica de esta ilógica e irresponsable estrategia descansa en que si lo hizo el Gobierno anterior entonces no sirve. Hay que hacer cosas nuevas para que recuerden a uno. Además, la grasa cuando usted repara es muy pequeña comparada con las nuevas obras. Así de simple. No le busque muchas vueltas a este asunto.

Lo más penoso es que nada de esto cambiará si no se hace algo que obligue a los gobiernos a reorientar dicha estrategia. A fin de dar algunas ideas al respecto, quiero referirme a ciertas experiencias que tuve sobre el tema en mis años en Centroamérica sin obviar que en muchos países de la región pasa exactamente lo mismo que aquí. Fue algo que hablé en su momento con el señor Miguel Vargas Maldonado cuando era secretario de Estado de Obras Publicas y yo estaba en Finanzas. Miguel mostró una convicción clara sobre el problema y respaldó la idea de especializar los recursos de los peajes para el mantenimiento de las autopistas, porque ni eso había sido posible. Antes de esa decisión, el dinero del peaje entraba al fisco y se utilizaba en todo menos en el mantenimiento. Con ese propósito la Secretaría de Obras Publicas firmó un acuerdo con el Banco de Reservas en el 2003, para la administración de los fondos recaudados, que no sé si aún se mantiene.

Volviendo al tema, de esas experiencias a la que me refiero, puedo decir que una de las vías más expedita para especializar recursos para el mantenimiento de las obras publicas y asegurar que los mismo serán aplicados estrictamente a estos fines, es creando un Fondo de Mantenimiento. Este Fondo en algunos casos, representa el 30% de la partida dedicada a la inversión pública. Por ejemplo, si el presupuesto del año 2007 es de 200 mil millones de pesos, de los cuales un 35% es para inversión, estamos hablando de un monto aproximado de 70 mil millones que serán orientados a las obras públicas. Si sacamos el 30% de este monto para el Fondo de Mantenimiento, la disponibilidad sería de 21 mil millones. O sea, usted tendría disponible para nuevas inversiones un total de 49 mil millones y para mantener las obras 21 mil millones.

Muchos países han tenido éxito en la aplicación de este esquema, aclarando que las cifras que ofrecemos arriba son solo para ilustrar un ejemplo ya que los porcentajes varían mucho de país a país. Puede ser que nosotros, por la gravedad del problema, debamos especializar el 50%. Pero aquí no trataremos de entrar en esa discusión sino de centrarnos en la idea básica.

Lo importante es que los gobiernos, de acuerdo a la ley de presupuesto, no puedan utilizar estos recursos para otros fines, incluyendo la construcción de nuevas obras. Una cosa es decir que se asignará equis suma para el mantenimiento de obras y otra es que esa asignación se ejecute como fue programada, lo que casi nunca sucede. La clave en esto es que el Fondo sea intocable.

Otro aspecto importante es la administración y manejo del Fondo. Igualmente, sus reglamentos y normas internas. Hay que definir bien el concepto de lo que es el mantenimiento de obras porque aquí nada es lo que parece. Para esto no se necesita nombrar a nadie ni crear oficinas lujosas ya que la Secretaría de Obras Publicas debe tener unos 10 mil empleados de más de donde se puede especializar al personal necesario. Además, esta Secretaría debería llamarse Secretaría de Estado de Mantenimiento y Conservación de las Obras Públicas (SEMCOP) ya que cualquier nueva obra que construya el Gobierno debe licitarse para que sea ejecutada por empresas privadas.

Con o sin cambio de nombre, la verdad es que este tipo de Fondo ha funcionado bien en otras latitudes y ha permitido ahorros millonarios a los gobiernos. Quizás esto responda a muchas de las inquietudes que a diario se plantean en los medios sobre el tema y en especial al artículo del señor Fabio Herrera.

Finalmente, el país puede solicitarle una cooperación técnica no reembolsable al BID o al Banco Mundial para que lo asesore sobre esta materia, evaluando asimismo las experiencias en otros países.