POR CLAUDIO CABRERA
No sólo el desacuerdo entre la misión dominicana y los representantes gubernamentales estadounidenses fue lo que abortó la puesta en vigor para el primero de julio del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (RD-Cafta).

En adición a las confrontaciones de puntos de vista relacionados con la petición de eliminación de la Ley 173 que protege a los representantes de firmas extranjeras en el país, así como de los requisitos exigidos para el registro de medicamentos a ser comercializados en territorio dominicano, un total de ocho temas adicionales están sobre el tapete y ejercieron su influjo al momento de adoptar la decisión.

De aquí que las causas por las que fueron pospuestas las discusiones para la puesta en marcha del RD-Cafta para el cercano primero de julio, radicaron en puntos de vistas dispares alrededor de cuatro de los temas de la agenda sujeta a discusiones.

Entre los temas que suscitaron mayores disputas, además de los citados, figuran el del comercio de textiles, los derechos de propiedad intelectual, las compras gubernamentales y algunas provisiones sobre la agricultura.

Todos estos temas de agenda fueron aireados en Washington, en el transcurso de las dos semanas comprendidas entre el 22 y 26 de mayo y la subsiguiente en que los negociadores de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y de la Oficina Coordinadora de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales iniciaron los contactos cara a cara.

Los primeros temas

En la semana comprendida entre el 22 y 26 de mayo, seis grandes temas fueron objeto de análisis entre las partes, lo cual incluía telecomunicaciones, textiles, derechos de propiedad intelectual, aduanas y reglas de origen, compras gubernamentales y agricultura.

Los demás temas pospuestos para la siguiente semana incluyen aspectos laborales, aspectos ambientales, salvaguardias y la Ley 173.

Un informe elaborado por la Comisión de Negociaciones Comerciales sobre el contenido analizado en la primera ronda hasta mayo 26, indicaba ya que aunque se ha avanzado de manera significativa en la mayoría de los temas desde la última misión de abril del 2006, es muy poco probable que el paquete legislativo y de resoluciones y otros instrumentos necesarios para la implementación del RD-Cafta esté listo a tiempo.

Esto impediría que el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) pueda recomendar al Presidente de los Estados Unidos poner en vigor el tratado con la República Dominicana para el primero de julio del 2006 tal como se había previsto. 

 Pese a esos escollos, en el seno de la comisión dominicana se estima que a pesar de la demora, los trabajos de orden técnicos, políticos y legislativos pendientes no son enormes por lo cual es muy probable que siguiendo el ritmo que se ha impreso a las negociaciones y contando con el apoyo legislativo reciente, se logre finalizarlos a tiempo “como para poner en vigor el tratado a partir del primero de agosto del 2006 ó en una fecha posterior no lejana a ese día”.

Sobre el tema de las telecomunicaciones, refiere que el escollo principal lo es la implementación de la “portabilidad numérica”, aunque se duda que esto se convierta en un obstáculo serio para su implementación.

La portabilidad numérica permitiría al cliente mantener un número telefónico alámbrico o celular, independientemente de su localización geográfica o de la empresa proveedora del servicio.

En el caso de los textiles, el país debe acordar un mecanismo de compensación debido a los cambios que a última hora solicitó los Estados Unidos. Aunque no se debe definir este tema para iniciar el RD-Cafta, el país precisa de una compensación.

La propiedad intelectual

Con relación a los derechos a la propiedad intelectual, se ha avanzado bastante en este terreno para modificar las dos leyes que rigen esta materia, pero “habrá que adoptar una decisión política con respecto al tema de los datos de prueba para productos farmacéuticos”.

Se resalta que la posición estadounidense es bastante firme al respecto, en vista de que quieren cinco años y más protección para productos con datos secretos, lo cual contradice la firme postura de la Industria Farmacéutica Dominicana (Infadomi), entidad que en el país aglutina al sector farmacéutico local y no está de acuerdo con tal prolongación.

“Si no se acepta la solicitud de los Estados Unidos con respecto a este tema, no habrá RD-Cafta”.

Respecto a las aduanas, todo está listo para estos fines, lo cual incluye una propuesta de resolución sobre admisión temporal de mercancías, una propuesta de reglamento sobre reglas de origen, una resolución sobre el despacho expedito de mercancías y otra resolución sobre productos digitales.

En lo que compete a la ley de compras gubernamentales, hasta tanto la ley que fue aprobada en dos lecturas por el Senado no sea modificada y ajustada a los requerimientos del RD-Cafta y sea aprobada, el representante comercial estadounidense no dará aprobación al tratado.

En cuanto se refiere al sector agrícola, casi todo el paquete de cambios está listo, “pero hay que demostrar claramente que el poder de dictar las normas sanitarias y fitosanitarias recae sobre la Secretaría de Agricultura y que esto tiene un claro sustento legal”. En cambio, se requiere una legislación simple y clara.

Un tema en el que el país no ha obtenido los objetivos deseados en esta materia lo es en lo referente a la estacionalidad de las cuotas de importación de arroz y de habichuelas.

En este caso, el interés dominicano se centró en la administración estacional de las cuotas de importación de ambos rubros, fuera de los meses de cosecha.

La solicitud fue rechazada por el Representante Comercial de Estados Unidos, alegando que el RD-Cafta prohibe explícitamente la suspensión temporal de importaciones.