En estos momentos es importante que todos conozcamos un poco sobre este tema, pues podríamos, más rápido de lo que nos imaginamos, caer en un atolladero. Aquí les dejo la primera entrega.

En la creación del Consejo Superior de la Magistratura de la República Dominicana se copió, con ciertas modificaciones, el sistema francés. El Consejo Superior de la Magistratura está constituido en Francia por el Presidente de la República, el Presidente del Parlamento, el Procurador General de la República, el Secretario de Justicia y por jueces representantes nombrados por Asamblea de los Jueces, tal forma que éstos últimos hacen mayoría.

Aquí, a diferencia de lo que ocurre en Francia, el Consejo Nacional de la Magistratura es mayoritariamente político. Sus siete miembros son el Presidente y otro Juez de la Suprema Corte de Justicia (quien hace de Secretario) nombrado por la Asamblea de Jueces de la Suprema; el Presidente de la República, quien la Preside y Convoca; el Presidente del Senado; un senador de un partido distinto al del senador que lo preside; el Presidente de la Cámara de Diputados y un diputado de un partido diferente al del diputado que la preside.

La actual Suprema Corte de Justicia fue designada por la mayoría política. Con ese Consejo Nacional de la Magistratura, que sustituyó al Senado de la República en la facultad de elegir los jueces de nuestro más alto tribunal, hemos saltado la sartén al fuego, pues este Consejo Nacional de la Magistratura es tan político como lo es el Senado. Tal afirmación queda confirmada en estos momentos, pues son muchas las denuncias de que existe el propósito de hacer cambios para favorecer a algunos sectores de poder.

Ante tan graves y serias denuncias, contra la actual Suprema Corte de Justicia existe el peligro de que la totalidad o algunos de sus jueces puedan ser sustituidos cuando ellos no se comprometan con los intereses de los políticos. Cabe recordar, sin desmeritar el buen trabajo y el gran esfuerzo realizado por ella, que la actual Suprema Corte de Justicia fue nombrada en virtud de un acuerdo político entre el doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez, estando presidido el Consejo Nacional de la Magistratura por el doctor Leonel Fernández. No se ha desterrado la política de la justicia, como se ha querido decir.

En el supuesto de que se cometa tal conjura contra el sistema judicial dominicano, sería muy difícil ponerle un freno a los despropósitos de los nuevos jueces. Esto así, porque al crear el Consejo Nacional de la Magistratura, no se asimiló lo que dispone la Ley del Consejo Nacional del Consejo Superior de la Magistratura Francesa, que prescribe que cuando un juez de la Suprema Corte de Justicia comete una falta que de lugar a un juicio disciplinario, éste será juzgado por el Consejo Superior de la Magistratura. Bajo nuestro sistema actual, lo juzgaría es la propia Suprema Corte de Justicia, por lo que, conociendo nuestro país, estamos seguros que no lo juzgarían nunca.

Cabe diferenciar, además, que para estos casos en Francia el Consejo Superior de la Magistratura no es presidido por el Presidente de la República, como sucede para nombrar los jueces y para todos los demás asuntos de su competencia. Cuando se trata de juzgar a una juez que haya cometido una falta que amerite un juicio, entonces el Consejo Superior de la Magistratura está presidido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Así las cosas, de concretarse esa conjura, al igual que las demás instituciones del país, la Suprema Corte de Justicia estaría condenada al descrédito total.