Hace algunos días este diario publicó la opinión de un catedrático español sobre las distintas vertientes de la corrupción, haciendo especial énfasis en los daños que ésta causa a países como el nuestro.

Manuel Villoria, quien es profesor de ciencias políticas de la universidad Rey Juan Carlos, apuntó muy acertadamente que el fortalecimiento de las instituciones, la sanción a los corruptos y la voluntad política son factores esenciales para frenar este flagelo.

Asimismo, señaló que “el elemento cultural” juega un papel preponderante, en razón de que en las sociedades  exigentes se hace más difícil delinquir que en aquellas que son permisivas como la nuestra. En efecto, si una verdad dolorosa podemos extraer del informe del PNUD es la que reza en su parte final: “este es un país sin consecuencias”.

Vivimos en una sociedad en la que cada cual hace lo que le da la gana y donde la acción de la justicia no toca ni por asomo a los grandes hampones de cuello blanco, los cuales cuentan con numerosos testaferros y fuertes vínculos en todos los sectores.

Mi experiencia como abogado me ha enseñado que aquellos casos en los cuales se encuentran envueltos los intereses de influyentes personajes políticos o empresariales, la justicia cede como por arte de magia. Entre nosotros se ha llegado incluso al extremo de elaborar absurdas tesis jurisprudenciales, aunque posteriormente se vuelva a dar marcha atrás con otro asunto menos relevante, para acomodar así los intereses de ciertos intocables que se encuentran por encima del bien y del mal. Todo parece apuntar que en sociedades pequeñas y pobres resulta sumamente difícil conformar un Poder Judicial lo suficientemente fuerte para evitar la injerencia de sectores poderosos.

Cualquier observador avispado podría decirme que lo antes indicado es falso, toda vez que las condenas contra los banqueros demuestran que estamos sentando precedentes en los grandes casos de corrupción privada. Sin embargo, me temo que esas decisiones, a mi juicio benignas, se produjeron precisamente por las implicaciones internacionales de ese gigantesco fraude bancario cuyas consecuencias todos estamos pagando.  Si no hubiese sido por la  dimensión internacional del escándalo bancario, no me cabe la menor duda que el asunto se hubiese resuelto con penas aún más reducidas o posiblemente se hubiese puesto de manifiesto una vez más la célebre frase de Ceara Hatton: “este es un país sin consecuencias”.

Cuando se relaja la moral social, como desafortunadamente ha ocurrido en nuestro medio, personas que no tienen tendencia a ser corruptos terminan claudicando a sus principios. Y eso sucede por dos razones fundamentales: a) la ausencia de sanciones y b) la presión social que los empuja a imitar a los demás. De ahí se deriva, tal como sostiene el profesor Villoria, el clientelismo político, el envilecimiento del voto, la deficiencia de la justicia, gastos públicos improductivos, destrucción de la seguridad jurídica y el aumento de la pobreza, entre otras muchas lacras.

El experto también enfocó un aspecto que suele pasar inadvertido, y que he constatado en mi ejercicio profesional: la capacidad de mimetismo de empresas multinacionales que en sus países de origen cumplen rigurosamente la ley, pero tan pronto pisan nuestro suelo se dedican a realizar toda clase de actividades ilícitas para obtener jugosos contratos con el Estado. Más claramente, cumplen escrupulosamente con la ley en sus países pero aquí se dan el lujo de violarlas abiertamente.