El Ministerio de Administración Pública (MAP) tiene previsto invertir RD$759 millones en el fortalecimiento institucional de las entidades de seguridad ciudadana, específicamente en Interior y Policía y el Ministerio Público, de acuerdo a la propuesta de Presupuesto General del Estado para el año 2018.
De este monto RD$383.8 corresponden a donaciones extranjeras. Entre los componentes principales del proyecto están la creación de espacios de diálogo y concertación entre comunidades y autoridades locales; capacitación de personal; la incorporación de recursos humanos a la carrera municipal; mejora institucional en la gestión municipal, administración del sistema tecnológico de los servidores públicos.
En total el presupuesto del MAP para el 2018 será de RD$1,092 millones de los cuales RD$674 millones son para los gastos corrientes y RD$418 para los gastos de capital.
Otro de los proyectos destacados dentro del presupuesto del MAP para el año próximo son la profesionalización de la función pública, con una inversión RD$112.9 millones. Dentro de esta iniciativa la de mayor peso presupuestal lo representa la República Digital, con RD$30 millones, aunque no se detalla cuáles acciones tiene previsto el MAP en el plan lanzado recientemente por el Gobierno y en el cual intervienen casi todas las instituciones.
Otros renglones de este capítulo son la realización de un análisis del trabajo y las remuneraciones; reclutamiento y selección; sistematización de la carrera administrativos; evaluación del desempeño.
El MAP también invertirá RD$39 millones en el fortalecimiento de estructuras y procesos y en gestión del cambio organizacional.
Para la evaluación del desempeño institucional se dispondrán RD$17.7 millones; en servicios públicos RD$12.8 millones; en apoyo a la municipalidad RD$14 millones; innovación de la administración pública RD$18 y formación y capacitación de los servidores RD$97 y en administración de contribuciones.
El MAP es el órgano rector del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes previstos por la Ley de Función Pública y de evaluación de la gestión institucional.