SANTIAGO. El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, y el encargado de Transparencia de Participación Ciudadana (PC), Carlos Pimentel, exhortaron a los legisladores a aprobar el proyecto de ley general de salarios para el sector público, porque esa legislación contribuirá a eliminar las distorsiones salariales que hay en las instituciones del Estado, la discrecionalidad y otras acciones negativas.

Ventura Camejo y Pimentel admitieron que ese proyecto lesiona ciertos intereses, pero consideran que la pieza legislativa es vital para el mejoramiento de la transparencia en la administración pública.

Pimentel llamó a las organizaciones de la sociedad civil a presionar a los congresistas para que aprueben el proyecto y advirtió que la lucha por la transparencia en la administración pública debe continuar.

El ministro de Administración Pública indicó que no se justifica que el Presidente de la República gane un salario de 90 mil pesos mensuales y que en el país hay funcionarios que tienen la mayor jerarquía en los puestos y ganan menos que algunos subalternos.

Reconoció que hay áreas técnicas en el Estado donde los salarios tienen diferencias y explicó que en el proyecto de ley se prohíbe que funcionarios del Gobierno reciban pagos extras para transporte y otros gastos que son cubiertos por las instituciones a través de sus presupuestos, según lo informó el periodista Luís Céspedes Peña.

Ventura Camejo y Pimentel hablaron en el desarrollo de un encuentro en el Hotel Aloha Sol, con los auspicios de la Unión Europea, Oxfam y la Fundación Solidaridad. organizado por el MAP y Participación Ciudadana, instituciones que forman parte de la Mesa de Expertos.  

El ministro Ventura Camejo afirmó que las resistencias a los cambios siempre ocurren y que el país requiere que se materialice la aprobación del proyecto de ley salarial, como otros que fueron depositados a las Cámaras Legislativas.

Aseguró que la administración pública sigue mejorando y que los premios internacionales ganados por entidades oficiales, como son los casos del Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE-CAL) y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), son demostraciones de lo que dice.

“Yo pienso que los legisladores van a aprobar ese proyecto de ley, que es para bien del país, porque estamos hablando de transparencia y yo, que soy el ministro de Administración Pública, que ando por toda la nación en gestiones oficiales, no recibo pagos de representación, combustibles, viáticos u otros”, declaró.