Una autoría realizada por la Contraloría General de la República, al Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), sobre el Resumen de Impacto 2020-2021, mostró supuestas irregularidades en esta cartera, dentro de las que se incluye entrega de cheques sin autorización y cajas chicas que sobrepasan el límite permitido.

En la carta del organismo fiscalizador dirigida al MAPRE, indica que “Existen treinta y seis (36) cheques entregados por la Institución a favor de personas jurídicas e iglesias por un total ascendente a RD$97,313,737.96, sobre los cuales el Ministerio Administrativo de la Presidencia no posee una carta de autorización firmada y sellada por la Entidad correspondiente, siendo esto un riesgo de que los cheques hayan sido pagados a personas no autorizadas y un incumplimiento a las políticas internas de la Institución y al artículo no. 25 de la Ley no. 10-07 del Sistema de Control Interno”.

Asimismo, señala que “Existe una inconsistencia ascendente a RD$675,589.58 por concepto de impuesto sobre la renta deducido a través de las Nóminas de Seguridad y Especialísimo el cual no se encuentra reportado a través de la plataforma de la DGII en incumplimiento a lo establecido en el Art. 8 de la Ley no. 11-92. Ver más detalle sección 9.2 de nómina, literal b”

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Además, resaltan la existencia de activos que no han podido ser rastreados.

“La institución posee mil setecientos setenta (1,770) activos registrados en el auxiliar de activos fijos totalmente depreciados o con valor cero, siendo esto un incumplimiento a: 1) al procedimiento para el tratamiento contable de la adquisición y/o alta de bienes de la DIGECOG, sección No. 8, literal (a), 2) a la norma para descargo de los bienes muebles de la DIGECOG, adicionalmente refleja un incumplimiento a la NOBACI No. Adc-3-002-52. 30 de abril 2021, identificamos 26 activos fijos no codificados con un valor en libro ascendentes a RD$4,828,798.64”, revelan las auditorías.

El documento, publicado en el portal web de Contraloría muestra 71 expedientes de empleos que no cuentan con la documentación requerida por la ley.

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“Existen dieciséis (16) expedientes de empleados los cuales no poseían anexado el contrato o nombramiento correspondiente, generando esto un riesgo asociado al derecho u obligación del pasivo, así como también, que existan empleados los cuales no hayan pasado por el proceso de control y aprobación correspondiente en incumplimiento a las políticas internas de la Institución, al artículo no. 25 de la Ley no. 10-07 del Sistema de Control Interno y al acápite ADC-3-006.25 de las Normas Básicas del Control Interno (NOBACI). Ver sección 9.1 13. La Institución posee doce (12) expedientes los cuales no contenían los formularios de solicitud de empleo en incumplimiento a las políticas internas de la Institución, al artículo no. 25 de la Ley no. 10-07 del Sistema de Control Interno y al acápite ADC-3-006.25 de las Normas Básicas del Control Interno (NOBACI). Ver Sección 9.1 14. Existen cuarenta y tres (43) expedientes de empleados, los cuales no contienen carta de conocimiento y aceptación de política de seguridad de la información, representando esto un riesgo de que los empleados no estén correctamente informados con relación a los medios de seguridad de la información que posee la Institución, así como también, un incumplimiento a las políticas internas y al artículo no. 25 de la Ley no.10-07 del Sistema de Control Interno”, reza el documento.

Los resultados de estas auditorías se enmarcan dentro de los levantamientos realizados por el organismo fiscalizador a varias instituciones públicas.