La Marcha Verde dio ayer un paso más en su lucha contra la corrupción: anunció que someterá penalmente al presidente Danilo Medina, por sus vínculos con “la multinacional mafiosa Odebrecht, la contratación de obras como Punta Catalina, su relación con Jöao Santana y el financiamiento de sus dos últimas campañas electorales”.
El movimiento adelantó en ese sentido que su Comisión Jurídica se apresta a articular “el expediente fortalecido, para que el Ministerio Público o un juez no puedan alegar que hemos presentado un expediente flojo”.
Los verdes afirmaron que “hay elementos suficientes y probatorios para que el Presidente sea sometido”, pues “está demostrada su relación con Odebrecht, el asesoramiento de Jöao Santana y el financiamiento de la campaña, como dijo el propio Temístocles Montás”.
Asimismo, aseguraron que “la puesta en libertad de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa por el juez Francisco Ortega Polanco confirma el control político que desde el Palacio Nacional ejerce Medina sobre la Justicia y la debilidad deliberada de los expedientes sometidos por el Ministerio Público”.

Como no confían en el Ministerio Público, reiteraron que el procurador general, Jean Alain Rodríguez, debe ser destituido por actuar “a favor de la impunidad y en contra de los intereses de la población”.
El colectivo propuso que Rodríguez sea sustituido por “un profesional independiente que no responda a la agenda político-electoral” del mandatario.
En rueda de prensa en el Parque Independencia, los verdes volvieron a exigir la formación de una comisión especial de fiscales independientes que investigue el caso Odebrecht, sin exclusión de funcionarios y legisladores.
Además, pidieron nueva vez la expulsión del país de la constructora brasileña y la cancelación de todos sus contratos. También anunciaron una gran movilización el domingo en La Vega, que será como una marcha nacional.
A propósito de Rondón y Díaz Rúa, se recuerda que fueron liberados por el mismo magistrado que les había impuesto prisión preventiva como medida de coerción.
Ortega Polanco les varió la medida el viernes, y a cambio de prisión preventiva de un año para Rondón y de nueve meses para Díaz Rúa, les impuso 70 millones de pesos al primero y 50 millones al segundo como garantía económica. También les impuso presentación periódica e impedimento de salida.
A nombre del movimiento hablaron Ángel García y Jordania Ureña.