El movimiento Marcha Verde anunció el inicio del proceso de consulta popular y planificación estratégica para definir los próximos pasos en la lucha por el fin de la impunidad, según informaron hoy los comités organizadores del colectivo en Cotuí y Barahona, donde se desarrollaron movilizaciones este domingo.
Explicaron que en estos momentos en las diferentes asambleas y puntos verdes, ciudadanos y ciudadanas de los más diversos sectores de la sociedad comparten democráticamente sus visiones y propuestas para fortalecer el movimiento, mejorar su desempeño y formas de articulación, y definir un conjunto de acciones pacíficas, innovadoras e incluyentes que permitan poner fin al régimen de corrupción e impunidad que oprime al país.
«La Marcha Verde se prepara para llevar su mensaje y sus propuestas de acción a cada casa, barrio, ensanche, residencial, campo o villa del territorio nacional y a las comunidades de dominicanos en el exterior, garantizando que todos los sectores sociales y poblacionales participen en la construcción del actual proceso de cambio», señala el manifiesto leído al culminar la marcha de la provincia Sánchez Ramírez.
Agrega que este plan de lucha estará orientado a construir el camino que permitirá encarcelar a los corruptos, recuperar el dinero robado, sacar a Odebrecht del país y abrir las puertas de la transformación institucional, social y política que necesita la nación
Cotuí y Barahona. Las provincias Sánchez Ramírez y Barahona desarrollaron dos marchas simultáneas en la que las ciudadanas y ciudadanos reclamaron poner fin al régimen de impunidad y denunciaron los estragos que la corrupción ha generado en sus comunidades.
«Con dolor, vergüenza e impotencia, tenemos que expresar ante todos ustedes que ante nuestros ojos cientos de campesinos padecen la más espantosa crueldad; basta con mencionar que a los moradores de las comunidades que viven alrededor de la saqueadora empresa minera Barrick Pueblo Viejo les han destruido sus ríos, cañadas, agricultura, sus crianzas. Les han destruido su vida», expresó el manifiesto leído en Sánchez Ramírez.
Advirtieron que a pesar de poseer el río más caudaloso del país y la presa de agua dulce más grande de la Antillas, la provincia no tiene agua, y la poca que llega está altamente contaminada, no apta para el consumo humano.
En el documento, los organizadores de Marcha Verde en esta localidad exigieron la inversión de los más de 2,500 millones de pesos que le corresponde a la provincia por concepto del 5% de los beneficios que produce Barrick Gold de la explotación minera. «La miseria que nos entregan, llegan a manos de Fomisar, institución corrupta e ilegítima, que lo usa para el chantaje, la buena vida y la compra de conciencias», puntualizaron.
Expresaron también su insatisfacción con el desempeño de la diputada Yomari Saldaña, que ha cobrado por más de 14 años al amparo de las autoridades educativas y de Salud Pública, actuando de forma contraria a los intereses del pueblo que está llamada a representar.
Mientras que en Barahona, el comité organizador de la provincia reclamó la construcción de la presa de Monte Grande, «para salvar vidas y garantizar la protección de nuestros campos», un nuevo mercado provincial, la terminación de la planta de tratamiento y acondicionamiento y equipamiento de los hospitales para mejorar la calidad de los precarios servicios de salud.
También el acceso a empleo, agua y luz, así como la construcción y reparación de calles, aceras, contenes y caminos vecinales. Demandó además la pronta constricción de la escuela del barrio Casandra y de todas las escuelas que necesita Barahona.
Finalmente solicitó una repuesta efectiva de las autoridades que logre poner fin a la delincuencia que les roba la paz y tranquilidad a los moradores de la zona.
«Basta ya de corrupción e impunidad a todo los niveles. Que la justicia investigue, procese, condene y despoje de sus bienes a todos los corruptos, y que con esos recursos se atiendan las demandas que tiene el pueblo», concluyó.