La Marcha Verde exigió ayer la expulsión de Odebrecht del territorio nacional, por tratarse de una empresa mafiosa que ha confesado el uso de sobornos para la construcción de obras públicas desde el 2001 hasta el 2014.
Durante una parada cívica frente a las instalaciones de la multinacional brasileña, como parte de los calentamientos de cara a la marcha nacional del 16 de julio, aseguraron que la ley prohíbe que el Gobierno mantenga relaciones contractuales con una empresa cuyos propietarios estén relacionados con casos de corrupción.
Dicen que la permanencia de la constructora en el país viola la ley y la constitución.
Aseguran que la salida de Odebrecht no implica la paralización de obras como Punta Catalina, debido a que la violación de la ley anula el contrato y abre la posibilidad que el Estado termine la obra otra una empresa.