El movimiento Marcha Verde exigió ayer una investigación penal de la licitación, adjudicación, financiamiento y construcción de las plantas de Punta Catalina, como lo sugieren Servio Tulio Castaños Guzmán, las empresas que participaron en la licitación y el documento de solicitud de medida de coerción de la Procuraduría General de la República en caso Odebrecht.
En rueda de prensa frente a la sede de la Procuraduría General de la República, el colectivo indicó que Castaños Guzmán alertó sobre la urgencia de que el Ministerio Público investigue Punta Catalina y los indignantes “altos niveles de irresponsabilidad de la firma Stanley Consulting”.
Recordaron que el contrato de las plantas fue firmado en el período en que Odebrecht reconoció, que pagó US$92 millones en sobornos para obtener obras en el país.
“Esta afirmación de Odebrecht es validada en la solicitud de medida de coerción, en la que el procurador Jean Alain Rodríguez asegura que Ángel Rondón pagó sobornos a nombre de la multinacional para conseguir la adjudicación de la termoeléctrica”, resaltaron.
Según el movimiento verde, Punta Catalina es el cuerpo del delito y debe ser investigada penalmente, no desde “una comisión cosmética nombrada por un sospechoso del caso”.
Consideraron que el Congreso Nacional está en la obligación de revisar el ‘dudoso contrato’ de arrendamiento, donde son construidas las plantas, suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad de la familia Vicini.
A los empresarios. Al referirse a la declaración de los directivos de la Asociación de Industrias de la República Dominica (AIRD), de que no financiarán más al movimiento, expresaron que los empresarios mienten al país y que intentan distraerlos.
“Es lamentable que dirigentes empresariales usen argumentos falsos. Ellos nunca han apoyado económicamente la Marcha Verde y no pueden demostrar que lo hayan hecho”, dijeron.