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Un estudio técnico dado a conocer por el colectivo Marcha Verde, establece que durante los mandatos presidenciales de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, el Gobierno y el Congreso Nacional «violaron o permitieron la violación de la Constitución de la República y el resto del marco jurídico nacional para favorecer los contratos multimillonarios de la empresa Odebrecht en el país».
Según el estudio presentado este miércoles, desde el 2001 hasta 2016 el Gobierno ha violado sistemáticamente, con la anuencia del Congreso Nacional, las leyes de Presupuesto General del Estado, la Constitución de la República y las leyes de administración financiera, para aprobar y ejecutar las obras de la multinacional brasileña.
En el documento se explica que, desde el 2002 al 2016, el Congreso aprobó un total de 22 contratos de préstamos para las diferentes obras contratadas, ejecutadas o en ejecución, con un monto total de 1,899 millones de dólares, representando 7% del total de la deuda del sector público no financiero al 31 de diciembre de 2016 y equivalente al 2.7% del PIB, sin incluir los financiamientos utilizados en determinados años sin la debida aprobación congresual, ni los aprobados para las plantas a carbón que se construyen en Punta Catalina, provincia Peravia.
Precisa que al incluir el financiamiento aprobado para Punta Catalina, señalan, la deuda contraída con intervención de Odebrecht se eleva a 3,132 millones de dólares, equivalente al 4.4% del PIB y una participación del 11.7% del total de la deuda del sector público no financiero al 31 de diciembre de 2016.
“El observar el comportamiento, en la forma y el fondo, en que el Gobierno ejecuta las obras contratadas con la Constructora Norberto Odebrecht y sus asociados dominicanos, es una muestra clara de la política del lodazal y el afán de la delincuencia en la política para enriquecerse y dirigir el Estado a favor de unos pocos, y para ello lo ensucian y corrompen todo”, afirma el movimiento en el documento de presentación del estudio.
Los que faltan. La investigación realizada por la Marcha Verde destaca que varios de los principales funcionarios responsables de firmar y gestionar contratos o préstamos de Odebrecht no han sido investigados ni sometidos a la Justicia, por lo que el Ministerio Público tiene pendiente aclarar o resolver omisiones que involucran a Vicente Bengoa, ex ministro de Hacienda; Cristina Lizardo, senadora y ex presidenta del Senado; Simón Lizardo, ex minsitro de Hacienda; Rubén Bichara, actual vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, y Lucía Medina, presidenta de la Cámara de Diputados.
A continuación, la Marcha Verde presenta una relación de los presuntos responsables de contratos que ya han sido encartados en la acusación y los que están pendientes de investigar:
2000-2004 Ing. Roberto Rodríguez, Director Ejecutivo de INAPA, ejecutor del inicio del proyecto de Acueducto de la Línea Noroeste; Ing. César Sánchez, Vicepresidente CDEEE, inició el contrato del proyecto de Pinalito, pero no se comenzó su ejecución; Señor Máximo D’Oleo, Director de EGEHID; Lic. Rafael Porfirio Calderón Martínez, Secretario Técnico de la Presidencia, ostentó la representación para la firma de acuerdo de préstamo.
2004-2012 Ing. Víctor Díaz Rúa, en INAPA y MOPC; Ing. Radhamés Segura, Vicepresidente de CDEEE, responsable en Pinalito y Palomino; Dr. Juan Temístocles Montás, como Secretario Técnico de la Presidencia; Lic. Vicente Bengoa Albizu, como Secretario de Hacienda; Lic. Daniel Toribio, como Secretario de Hacienda; responsables de las firmas de varios contratos de préstamos por designaciones mediante Poder Especial del presidente Leonel Fernández Reyna.
2012-2016 Licenciado Gonzálo Castillo, ministro del MOPC, responsable varias obras viales; Ing. Rubén Bichara, Vicepresidente CDEEE, Punta Catalina; Lic. Simón Lizardo Mézquita, en su calidad de representante en firmas de contratos, como ministro de Hacienda.
Un caso que llama la atención, según Marcha Verde, fue la aprobación de un préstamo por 80,200,000 dólares, donde interviniera el presidente de la República, Danilo Medina, y el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, quien suscribió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Contrato de Préstamo Directo – Cofinanciado No. 2111; así como Cristina Lizardo Mézquita, vicepresidenta del Senado en funciones de Presidente, y Lucía Medina Sánchez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados en funciones de Presidente.
