El movimiento Marcha Verde propuso ayer transformaciones constitucionales inmediatas a través de una Asamblea Constituyente que garanticen un Poder Judicial, Ministerio Público y Cámara de Cuentas con plena independencia política, funcional y administrativa de todos los grupos políticos y económicos así como una profunda profilaxis en su conformación, que sustituya a todos los integrantes con vínculos partidarios y socios del sistema de impunidad.
Congregados ayer frente al Palacio Nacional, el grupo presentó un conjunto de propuestas de transformaciones institucionales y políticas para desmontar el régimen de corrupción e impunidad que, a su juicio, encabezan el presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Explicó en su manifiesto que como resultado de los foros en el Este, el Sur, el Norte y el Gran Santo Domingo, Marcha Verde planteó “recuperar todo el dinero robado en los casos Odebrecht, Súper-Tucano, Oisoe, CEA, Tres Brazos, Omsa, equipos de la JCE, la mafia de los combustibles, la Opret, la venta de terrenos en Haina y Boca Chica, entre otros, garantizando la condena efectiva de los responsables y la cancelación de todos los contratos entre el Estado y empresas delincuentes”.
Otra de sus propuestas es implementar un efectivo sistema de carrera administrativa general, municipal y especial, que ponga fin y criminalice el uso del Estado como agencia de botellas, mantenimiento de aliados y delincuentes políticos, para dar paso a una institucionalidad concentrada en la prestación de servicios a los ciudadanos, en especial en las áreas de salud, seguridad ciudadana y social; medio ambiente, transporte, educación, energía eléctrica, empleo, alimentación, vivienda y justicia.
En la proclama leída por los jóvenes Geny Lozada (de Valverde) y Jesús Díaz (de Santiago) el movimiento declaró de urgencia la aprobación de un nuevo marco normativo electoral, de partidos y agrupaciones políticas que garantice la participación democrática de la ciudadanía, la competencia electoral equitativa, el financiamiento transparente y controlado de las campañas electorales, y un verdadero y drástico régimen de consecuencias penales, especialmente cuando se trate del uso ilegal de los recursos del Estado.
Anunció que a partir del 11 de febrero harán consultas populares para desarrollar paros sociales y pacíficos ante la incapacidad oficial de erradicar la corrupción y la impunidad en el país.
El anuncio fue seguido de un grito delirante: “Vamos pa’ la calle”, “Vamos pa’ la calle”. El movimiento aprovechó para reiterar una mayor inversión en educación, salud y viviendas.