El colectivo Marcha Verde, que lucha por el cese de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana, calificó hoy como un atentado al estado de derecho y a la división de poderes, las acciones de la comisión y el informe que rindió al país sobre el proceso de licitación, adjudicación y financiamiento de las plantas que se construyen en Punta Catalina, Baní, provincia Peravia.

«Marcha Verde califica a la comisión, a las acciones de ésta y a su informe de atentados al Estado de Derecho, a la buena administración, a la buena Justicia, a la división de los poderes y a toda lógica de investigación penal en los asuntos de casos complejos, evidenciando el interés de encubrir y proteger a la gestión de Danilo Medina de un entramado delictivo en perjuicio del pueblo dominicano», señaló el colectivo en un comunicado.

Aseguró que a pesar de la intención del presidente Medina de utilizar esta comisión para presuntamente encubrir las irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación, financiamiento y construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, «los hallazgos encontrados son de magnitud y contundencia tal que la comisión debió consignarlos en el informe, aunque en sus conclusiones intentaran manipular las consecuencias de estos».

En ese sentido, solicitaron el inicio de una investigación penal del proceso relacionado a las plantas a carbón de Punta Catalina, «como lo sugieren Servio Tulio Castaños Guzmán, varias de las empresas que participaron en la licitación y la Procuraduría General de la República en el documento de solicitud de medida de coerción por el caso Odebrecht».

El movimiento explicó que, en su condición de miembro de la comisión designada por el presidente Medina para investigar la adjudicación de las plantas, Castaños Guzmán alertó sobre la urgencia de que el Ministerio Público investigue la Central Termoeléctrica Punta Catalina, así como los altos niveles “de irresponsabilidad de la firma Stanley Consulting”.

Asimismo, citó que el contrato de las plantas se firmó en el período en que la multinacional Odebrecht reconoció haber pagado US$92 millones en sobornos para la obtención de obras en República Dominicana.

Agregó que esta afirmación de la empresa constructora brasileña se valida en la solicitud de medida de coerción en la que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, asegura que Ángel Rondón Rijo pagó sobornos a nombre de Odebrecht para conseguir la adjudicación de la central termoeléctrica.

“Lo dice Servio Tulio, lo dice por escrito el Procurador, lo dicen empresarios que participaron en la licitación, lo reconoce Odebrecht y lo denuncian varios de los más importantes especialistas del país: Punta Catalina es cuerpo del delito y debe ser investigada penalmente, no desde una comisión cosmética nombrada por un sospechoso del caso”.

Los terrenos. El colectivo también consideró que el Congreso Nacional tiene la obligación de revisar el contrato de arrendamiento de terrenos para construir las plantas a carbón, suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad de la familia Vicini.

Advirtió que esos terrenos deben declararse de utilidad pública e interés social, de forma tal que la planta quede sobre un inmueble propiedad del Estado y no a nombre de la familia Vicini como se encuentra actualmente, «y así asegurar la titularidad sobre la central eléctrica y las facilidades portuarias construidas con recursos del pueblo dominicano».

“Los hombres y mujeres de corazón verde no nos dejaremos distraer por el mareo, ni por comisiones mediáticas. Nos estamos manifestando de manera pacífica y ejemplar porque queremos sacar a nuestro país de este tremendo lodazal político e institucional”, enfatizó el movimiento tras recordar la marcha nacional el próximo domingo 16 de julio, desde la intersección de las avenidas Máximo Gómez con John F. Kennedy hasta el Centro de los Héroes.

Lodazal. Según la Marcha Verde, la designación de una comisión para investigar todo lo concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la obra Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) por el presidente Medina, evidencia «el lodazal y el desorden» institucional en el que se encuentra el país, así como la disposición de diferentes sectores a «violar abiertamente la Constitución de la República y todo el marco jurídico de la administración pública».

Señala que el artículo 128 de la Constitución de la República citado por el Decreto 6-17, no le confiere al presidente de la República la prerrogativa de nombrar este tipo de comisiones o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de fiscalización o control, para las cuales ya existen jurisdicciones de carácter de órganos constitucionales y de otros poderes del Estado.