Reducir en su perniciosa anchura el subsidio eléctrico que permanentemente pretende subsanar pérdidas por fraudes, caos de conexiones ilegales y defectuosas líneas de transmisión y distribución debería ser un importante objetivo fiscal acelerado del país.

Todo ese peso de fracasos en cobros por comercialización, fallas técnicas y el populista temor a actualizar el régimen tarifario –aunque se siga subsidiando a los pobres de solemnidad- le va a representar este año a los contribuyentes, de manera brutal y sin equidad, 59 mil millones de pesos. Pocos agujeros presupuestales tragan tanto dinero.
Poderosa presión para urgir al Estado a disponer de más ingresos tributarios.

De la ingente necesidad de reducir costos escapando de onerosos precios de megavatios provenientes de generadores privados, único segmento de altas y seguras ganancias, emergió el infortunio de Punta Catalina.

Proveniente de una cuestionable contratación que vino a ser la peor opción para resolver un problema financiero retrociendo hacia mayores daños ambientales.

Elementalmente, electricidad consumida debe ser electricidad pagada poniendo orden en el cableado de cada rincón del país con infaltable medición de kilovatios y sus fracciones. A menos ingreso familiar, menor facturación para que el Estado y el sistema energético solo absorban pérdidas por poderosos motivos sociales y a partir de un mecanismo de subsidios cruzados equitativo y funcional.