La obvia y dura presencia de graves delitos en el movimiento de personas a través de límites geográficos que incluyen propósitos de explotación sexual y de otros tratamientos deshumanizados y hasta esclavistas, obliga a los Estados, incluyendo al dominicano, a reforzar la protección a víctimas, perseguir traficantes y endurecer sanciones. No obstante ha sido pertinente que liderazgos sociales y políticos levantaran sus voces contra la posibilidad de que los objetivos que en ese orden aparecen configurados en el proyecto de ley ya sacado de agenda congresual fueran a crear ambiguos perfiles normativos favorables al ingreso sin límites de extranjeros al país con vulneración a sus facultades soberanas. El Gobierno, prudente y receptivo, puso adecuada atención a las objeciones planteadas y en coherencia con sus antecedentes de firme resistencia a las presiones internacionales para imponer a República Dominicana la condición de receptora de un flujo migratorio inaceptable, asignó prioridad a asegurar que el interés nacional quede claramente protegido en la legislación propuesta. Su retiro del proyecto con llamados a unificar criterios para reintroducirlo expresa la fuerza de sus intenciones.

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Nadie ha insistido más ante el mundo que el presidente Luis Abinader contra el riego de que el problema haitiano pueda cruzar con secuelas deplorables hacia este lado de la frontera llegando en su línea de acciones a emprender como obligación de Estado la construcción de un muro fronterizo. Con toda responsabilidad.