POR MANUEL JIMÉNEZ
El portavoz gubernamental, Roberto Rodríguez Marchena, urgió ayer al Congreso Nacional a remitir “lo antes posible” al Poder Ejecutivo los proyectos de leyes ya sancionados por ese organismo, entre los que figuran aquellos que han sido objeto de cuestionamientos por parte de la opinión pública. Rodríguez Marchena dijo que el Poder Ejecutivo está a la espera de su envío porque tiene interés en hacerles “las observaciones que sean de lugar”.

En concreto, el vocero del Gobierno se refirió a la ratificación del contrato para la construcción de la Isla Artificial frente a malecón de Santo Domingo, así como al préstamo de US$132.4 millones para el equipamiento de la Policía Nacional.

Ayer, el presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Alburquerque, aseguró en un programa de televisión que el presidente Leonel Fernández “es el padre” de los escándalos provocados por la aprobación de los mencionados proyectos de leyes. Según Alburquerque, esos “escándalos” han “conmocionados a toda la sociedad”.

Sin embargo, Rodríguez Marchena, hablando en su despacho del Palacio Nacional, dijo que el presidente Fernández no ha fijado posición sobre esos proyectos de leyes porque está a la espera que los mismos les sean remitidos desde el Congreso.

“El Gobierno dominicano quiere expresar su preocupación ante la opinión pública en relación a los proyectos, tanto el préstamo de los US$132.4 millones como el contrato de la isla, para que los señores legisladores, por favor, lo antes posible, lo hagan llegar a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo”, dijo Rodríguez Marchena. Precisó que se trata de proyectos “de sumo interés” para el Presidente para hacerles las observaciones de lugar.

Rodríguez Marchena dijo que el Gobierno ha sido receptivo a las señales que ha enviado la población en el sentido de que estos contratos “no deben proceder, no deben ser”.

Agregó que el Gobierno está de acuerdo, además, en que se trata de proyectos de leyes que “se manejaron de manera inadecuada y quiere cumplir con su deber”.

“De manera, recalcó Rodríguez Marchena, que se está pidiendo encarecidamente, en especial a los señores de la Cámara de Diputados, que por favor lo antes posible envíen esos proyectos para que el Presidente pueda observarlos”.

En otro orden, Rodríguez Marchena descartó la advertencia que en la víspera hizo la embajadora de México en Santo Domingo, Isabel Téllez de Ortega, de que el impasse que ha impedido la venta de Verizon Dominicana al empresario mexicano Carlos Slim, afectaría otras inversiones mexicanas en este país.

“Eso está totalmente descartado”, dijo Rodríguez Marchena, quien recordó que el impasse fiscal surgido entre Verizon y la Dirección de Impuestos Internos está en vía de solución. “El presidente Leonel Fernández ha ofrecido garantías y seguridad jurídica para todas las inversiones extranjeras y nacionales en nuestro territorio”, dijo.

Destacó que en sus viajes al exterior, Fernández se ha empeñado en presentar al país como una gran oportunidad para las inversiones.

Dijo que en el caso a que se refiere la embajadora de México “lo único que ha sucedido es que una institución dominicana encargada para velar por las recaudación de los impuestos en nuestro país ha planteado una oposición a que Verizon Dominicana sea traspasada o vendida a otra empresa mexicana sin antes resolver lo que se entiende son las obligaciones impositivas”.

Rodríguez Marchena recordó que se trata de un caso que está en manos del Tribunal Contencioso Tributario que deberá pronunciarse en torno al impasse.

Aclaró que el Gobierno dominicano no puede ejercer presiones ante los jueces de ese tribunal. Dijo que el Gobierno, además, está seguro de que por la composición de ese tribunal, el fallo que emita responda a los mejores intereses del Estado dominicano.

Rodríguez Marchena aclaró que el Gobierno no recibe mal las declaraciones de la embajadora de México en Santo Domingo por entender que ese es su papel, pero le recomendó que tenga paciencia y que espere el veredicto del tribunal.