Hay algunas partidas del gasto en que es poco o nada lo que se puede hacer. Es el caso, por ejemplo, del gasto de capital

Tras el retiro ordenado por el presidente Luis Abinader del proyecto de reforma fiscal que había presentado al Congreso su ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el Gobierno ha decidido arroparse hasta donde alcance la cobija, y hará un ajuste fiscal que se apoyará en la reducción del gasto, el control del endeudamiento público y el combate a la evasión tributaria.

No será una tarea fácil por dos razones: porque el nivel de presión tributaria que financia el gasto público es bajo en el país (14.5%), en comparación con el promedio de América Latina y el Caribe (21.5%), lo que hace más difícil ese ajuste y exige tener mayor cuidado al hacer los recortes, y porque si bien es cierto que todavía el país no ha agotado su capacidad de endeudamiento, sus niveles actuales de deuda ya exigen extremar la prudencia, pues no le permiten endeudarse al ritmo en que lo venía haciendo, sin perder la confianza del mercado.

Hay algunas partidas del gasto en que es poco o nada lo que se puede hacer. Es el caso, por ejemplo, del gasto de capital, que está en un nivel que no soporta más recortes.

Basta con señalar que se estima que de la ejecución presupuestal de 2023 el 87.6% del gasto público correspondió a gastos corrientes, mientras que sólo el 12.4% fueron gastos de capital.

Esto significa que más que un ajuste fiscal para crear las bases del desarrollo del país a mediano y largo plazo, será un ajuste para reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas a corto plazo, de manera que la economía dominicana pueda seguir siendo capaz de responder de manera anti-cíclica a las contracciones o shocks externos.

En el abordaje de ese ajuste el Gobierno cuenta, fruto de su propia siembra, con un instrumento en que apoyarse: la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Esa ley pone límites al crecimiento de la deuda, lo que ayudaría al éxito del ajuste, pues es sabido que cuando hay grandes proporciones de gasto discrecional, como sería pagos de intereses o gasto en programas de subsidios, el ajuste se complica y puede obligar a recortes de gasto discrecional de mayor calidad, algo que se debe evitarse.

El ajuste fiscal debe hacerse en armonía con la política monetaria, algo que se ha venido haciéndose con mucho acierto y que tras el retiro del proyecto de reforma se hace más necesario.

La política fiscal y la política monetaria, que difieren en sus alcances y limitaciones, se complementan, por lo que adelante deberán estar más coordinadas que nunca.

En teoría que parece confirmar la práctica, la política monetaria es un instrumento de política anti-cíclica más efectivo porque los cambios en las tasas de interés pueden realizarse en cuestión de días y pueden revertirse rápidamente. En cambio, los ajustes de la política monetaria pueden necesitar más tiempo que los ajustes de la política fiscal para influir en la demanda agregada.

Además, la política fiscal contribuye a una estabilización de más amplia base a través de la repercusión de los impuestos y el gasto público sobre los componentes de la demanda agregada sensibles a la renta (además de sensibles a los intereses).

Y cuando la política monetaria experimenta limitaciones para responder a las variaciones del producto, la política fiscal debe asumir un papel más central.

De manera que lo que no puede lograr una lo aporta la otra.