En el corazón de Maricao, una comunidad rural de Santo Domingo Norte, en el kilómtero 20, de la carretera Villa Mella-Yamasá, vive Marianela de Jesús, una mujer de 32 años, madre de cinco y con 38 semanas de preñez.

Su historia no solo representa un retrato de la pobreza y la exclusión social, sino una llamada urgente a las autoridades para garantizar los derechos básicos de las personas no declaradas.

Junto a su esposo y a sus cinco hijos (el sexto, Gaydel, nacido el 7 de enero), reside en una humilde casita de madera, donde la ausencia de enseres es evidente.

La familia muestra una situación económica precaria; sin embargo, la prole del matrimonio mantiene la esperanza de concluir sus estudios pre-universitarios e ir a la universidad o a un centro de estudios técnicos. Ella carece de nivel de escolaridad.

Desde pequeña, Marianela ha vivido en la sombra administrativa de la sociedad. Nunca fue declarada oficialmente, una omisión que ha condicionado cada aspecto de su vida.

“Mi mamá tenía documentos, pero por las circunstancias nunca me declaró. Me casé muy joven, a los 16 años, y tuve mi primer hijo a los 18”, relata con voz entrecortada.

La falta de documentos no solo afecta su identidad, también el acceso a derechos fundamentales como salud, educación y empleo. Marianela ha tenido que enfrentar seis embarazos sin seguro médico, lo cual la obliga a costear todos los gastos.

“Ahora mismo necesito unos análisis que cuestan cinco mil pesos y no sé de dónde sacar el dinero”, acota con resignación.

Una cadena de exclusión

Su esposo posee documentos, pero no puede declarar a sus hijos, lo que complica aún más la situación. Los hijos de Marianela, al igual que ella, tampoco han sido declarados.

Pero con la ayuda de vecinos y conocidos, los niños han podido asistir a la escuela, aunque bajo una constante amenaza de exclusión por su estatus legal.

“Si tuviera documentos, podría trabajar y ayudar a mis hijos. Es lo único que pido, mi documento”, expresa Marianela, cargada de esperanza.

Un llamado a las autoridades

La historia de Marianela pone en evidencia una problemática que afecta a miles de personas en el país: la falta de registro civil y sus graves consecuencias.

En un sistema donde la identidad legal es la llave para acceder a servicios básicos, quienes carecen de ella quedan atrapados en un círculo de pobreza y marginación.

Desde Villa Mella hasta la Maternidad de la Altagracia, Marianela ha buscado atención médica con “pena”, como ella misma describe. A pesar de las dificultades, su resiliencia es admirable.

“Yo solo quiero que mis hijos tengan una vida mejor y eso comienza con tener un documento que les reconozca como ciudadanos”.

La urgencia de soluciones

El caso de Marianela es un recordatorio de que la identidad no es solo un derecho, sino una necesidad para construir un futuro digno. Las autoridades deben priorizar programas de regularización civil que permitan a personas como Marianela y sus hijos salir de la sombra y vivir plenamente en la sociedad.

En un país donde el desarrollo humano es un objetivo clave, no puede haber progreso mientras persista la exclusión de los más vulnerables. La historia de Marianela es una invitación a la acción.

Responderemos como Estado?

Enrique: el sueño de un futuro posible

Enrique, con apenas 16 años, cursa el tercer año del bachillerato en el Liceo Nicolás Herrera Pimentel. Su energía y determinación brillan, a pesar de los desafíos que enfrenta como hijo de una familia sin documentos legales.

“Yo quiero estudiar turismo”, expresa con una sonrisa que refleja su entusiasmo por el futuro. “Me gusta y quiero trabajar en algo que me permita conocer personas y lugares nuevos”, indica al imaginar cómo sería su futuro profesional.

Pero Enrique sabe que su sueño tiene un obstáculo importante: la falta de documentos. «Pido más ayuda con los papeles, porque eso es lo más importante en la vida. Sin identificación, no puedo seguir estudiando ni acceder a la universidad».

A pesar de las adversidades, Enrique se esfuerza por destacar académicamente. Con orgullo, afirma: “Soy de 90 para arriba”, al dejar claro que es un estudiante aplicado y de rendimiento en su escuela.

El caso de Enrique es un ejemplo del potencial que puede quedar desperdiciado si no se resuelve la situación legal de miles de jóvenes como él. Su deseo de estudiar, trabajar y aportar al país, es un llamado a las autoridades para priorizar soluciones que permitan a estas familias salir de la invisibilidad administrativa.

Con la ayuda necesaria, Enrique estaría listo para construir un futuro prometedor, pero, como él mismo dice, “todo comienza con tener una identificación”.