Marino Zapete y el juicio equivocado

Millizen Uribe

Un principio económico indica que a mayor abundancia de un bien, recurso o servicio, menor valor. Tal vez eso explica que, a propósito de la irrupción de la tecnología en la comunicación, que ha traído consigo una mayor participación de la ciudadanía común en los medios informales de comunicación masiva, un bien tan preciado como la libertad de prensa y el derecho a la información no se valoren en la medida correcta.
Y fíjense que no hablo de libertad de expresión, que también es un derecho fundamental, pero que es más limitado porque muchas personas se conforman, simplemente, con decir “lo que les venga en gana”.
Ahora bien, el derecho a la información, del que poco se habla, conjuntamente con la libertad de prensa, es uno de los pilares fundamentales de la democracia porque es la bandera verde para los perros guardianes, esos sabuesos que van más allá del día a día informativo y se encargan de escudriñar verdades incómodas, que los sectores de poder no quieren que la ciudadanía conozca, pero cuyo conocimiento y dilucidación pública incide en el juego de poder y, por ende, en el sistema democrático.
Es por eso que, a propósito de la acusación de difamación e injuria contra el periodista Marino Zapete, que cursa en los tribunales, pienso que la justicia está tomando un rumbo equivocado.
Más que juzgar a un periodista por hacer de conocimiento público unos documentos servidos por instituciones públicas, en los tribunales se debiera estar debatiendo los contratos denunciados, que, si se comprueba, develaría otro grave entramado de corrupción, que explicaría por qué, nueva vez, salimos tan mal como país en el Índice de Percepción de la Corrupción y la falta de recursos para mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano.
Pero, hacer lo contrario y concentrar esfuerzos, no en defenderse y restar méritos a la denuncia, sino en castigar a quien ha publicado la información (matar el mensajero), constituye una gravísima amenaza al derecho a la información que tiene el pueblo dominicano, máxime porque manda un mensaje de coacción y censura al resto de la clase periodística.
Y es que si bien es cierto que todos tenemos derecho, y así lo establece la Constitución de la República, al buen nombre y al honor, cuando hay recursos y funcionarios públicos de por medio, el derecho a la información de la ciudadanía es innegociable y debe garantizarse.
Por eso, como ciudadanos, tenemos que estar pendientes a este caso y saber que independientemente de lo bien o mal que nos caiga Marino Zapete, de lo estridente o no que él sea, en ese banquillo no se le está juzgando a él, sino al derecho que tiene el pueblo dominicano a saber.