La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) pidió a las distribuidoras de electricidad no cesar con las querellas, sometimientos y documentación de los casos de fraude eléctrico, una de las más grandes maldiciones del sistema, que provoca pérdidas anuales de cientos de millones de dólares al Estado y dificulta las inversiones para garantizar un servicio de calidad.

El vicepresidente ejecutivo de la institución, Celso Marranzini, sostuvo que la lucha contra ese flagelo –que debería convertirse en una cruzada nacional fruto de un pacto social-  ayudará a reducir notablemente el déficit de las empresas distribuidoras, especialmente en esta coyuntura en que se inician las inversiones para rehabilitar las redes y se implementa la telemedición del consumo eléctrico a 86,000 clientes.

Tras ponderar la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar un préstamo de US$30.0 millones, otorgado al país por los fondos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), para rehabilitación de redes, dijo que a Edesur, Edenorte y Edeeste se le están creando las condiciones para que sean eficientes, y no tengan excusas,  en el cobro del servicio eléctrico y la incorporación de nuevos clientes.

Marranzini reaccionó de esa manera ante la decisión del Juzgado de la Instrucción Permanente del Distrito Nacional de imponer medidas de coerción a dos ejecutivos de Plaza Central, donde  Edesur Dominicana detectó una conexión ilegal que le provocó pérdidas estimadas en RD$5.0 millones.

Al preguntársele sobre la puesta en libertad de los señores Hugo Molina y Enrique Gil –quienes fueron apresados el martes por la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE)- dijo que comprende la decisión del juez José Alejando Vargas, quien determinó que dichos ciudadanos no representan peligro de fuga, por lo cual les aplicó medida de coerción consistente en presentarse periódicamente al Ministerio Público.

 “Los usuarios legales del sistema eléctrico, y el país en sentido general, subsidian a los violadores de la ley, en muchos casos personas pudientes, que se escudan irresponsablemente bajo el manto de la tolerancia que se impuso en nuestro país cuando el petróleo era barato y las necesidades del sistema podían ser costeadas por el Estado”, apuntó.

El coordinador del sector eléctrico sostuvo que esa situación ha cambiado porque solamente el  precio del fuel oil número 6, el principal y más costoso combustible de generación en el país, se ha incrementado en 36% desde que se produjo el último aumento de tarifa entre junio y julio del año pasado.

Indicó que esa es la razón por la cual se hacen esfuerzos focalizados para  que, a más tardar a finales de 2011 el 50% de la matriz de combustible de generación sea en base a gas natural y que, en ese contexto se inscribe el acuerdo de intención suscrito entre la CDEEE y una empresa privada para construir un gasoducto en el Este.

“Las exigencias energéticas de una sociedad pujante que crece constantemente requiere de un sistema eléctrico fuerte, cuyo costo no caiga sobre los hombros de unos pocos, mientras los violadores de la Ley General de Electricidad –que impone hasta 3 años de prisión por fraude eléctrico- se roban el futuro de la nación”,puntualizó.