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PANAMA (AFP).- El presidente de Panamá Martín Torrijos reveló ayer lunes los planes de su gobierno para ampliar el Canal, con la construcción de un tercer juego de esclusas, 85 años después que iniciara operaciones bajo el control de Estados Unidos y tras siete años de administración panameña.
Torrijos, hijo del desaparecido general Omar Torrijos, quien firmó en 1977 con el ex presidente estadounidense James Carter los tratados que permitieron que Panamá recibiera la propiedad y administración del Canal, ofrecerá un mensaje al país en un acto convocado en el centro de convenciones ATLAPA, al suroeste de la capital, informó la presidencia panameña.
La construcción de un tercer juego de esclusas es una propuesta de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), organismo gubernamental autónomo que administra la vía interoceánica.
La ACP ha insistido en los últimos años que el tercer juego de esclusas permitirá que pasen los barcos gigantes Post-Panamax, con capacidad para movilizar más de 10.000 contenedores de 20 pies (TEUs), que no pueden utilizar las actuales esclusas, diseñadas para barcos menores tipo Panamax.
Con un costo estimado entre 5.000 y 8.000 millones de dólares, el tercer juego de esclusas se podría ubicar en un sitio donde Estados Unidos inició su construcción entre 1939 y 1942, pero que suspendió para destinar los recursos a la segunda guerra mundial.
El mandatario panameño, quien ha insistido que este asunto canalero sea tratado como un tema de Estado, se reunió la semana pasada con ex presidentes, líderes políticos, empresarios y sindicatos para informarlos del proyecto.
Cinco expertos, entre ellos el ex presidente Jorge Illueca, y organizaciones campesinas, que representan a 182.000 labriegos que viven a lo largo del Canal, se oponen al proyecto de las nuevas esclusas, por considerarlo inconveniente y costoso.
Aunque Torrijos prometió no inundar, ni sacar a los campesinos de sus tierras, la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCE) advirtió que se opondrá a la modernización del Canal.
Una vez Torrijos haga públicos los costos del proyecto, la Asamblea Nacional (congreso) debe aprobar una ley convocando a un referendo que se realizará seis meses después que la norma se publique en la Gaceta, el periódico oficial.
El referendo costará 7,8 millones de dólares, dijo el magistrado del tribunal electoral, Erasmo Pinilla.
Los panameños fueron convocados a referendo popular en 1992 y 1998 para reformar la Constitución, luego de recuperada la democracia tras dos décadas de régimen militar el 20 de diciembre de 1989, cuando tropas estadounidenses derrocaron al general Manuel Antonio Noriega.
En ambas ocasiones los electores rechazaron las propuestas sometidas a consulta popular por los gobiernos de Guillermo Endara y Ernesto Pérez que buscaban, respectivamente, abolir el Ejército e instaurar la reelección presidencial consecutiva.
