El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez aclaró hoy  que la Ley que regula el ejercicio del  notariado no se encuentra suspendido  y adelantó que ese órgano congresual rechazará cualquier intento de impedir su aplicación, aunque estará abierto a discutir cualquier propuesta de  modificación a la Ley.

“La Ley no se ha suspendido y esta Cámara, y lo he hablado con la Comisión de Justicia y con los diputados, rechazará cualquier intento de suspender su aplicación y sí estaremos abiertos a discutir los aspectos de ésta y de cualquier otra ley que sea del interés nacional”, indicó el legislador.

Martínez manifestó que lo correcto sería que la Ley se ponga en ejecución  y  en el transcurso de un año, ver en donde quizás hay que hacerle algún arreglo, cambio o modificación.

“Lo que no estamos de acuerdo es con la posposición de su entrada en vigencia, ni que a esta Ley se le agregue un párrafo para que no se aplique. Eso es relajar con el trabajo de la Comisión de Justicia y la Cámara de Diputados”, afirmó.

Expresó que la Comisión de Justicia escuchó a todos los sectores y que incluso se hicieron vistas públicas para recibir propuestas y sugerencias a la iniciativa.

“Siempre ha sido un deber de la Cámara de Diputados escuchar a todos los sectores como lo hemos hecho con esa Ley y si hay algún aspecto que hay que rediscutir  estoy  de acuerdo en que se rediscuta”, agregó.

El presidente del órgano congresual ofreció estas declaraciones durante la sesión de hoy, luego de denunciar que hay una campaña de descrédito contra la Cámara de Diputados, con acusaciones falaces  de que  esta Ley  se aprobó de manera sigilosa, lo cual negó rotundamente al especificar que se cumplieron todos los procedimientos de rigor.

En ese sentido, señaló que para su estudio se hicieron más de treinta reuniones, así como numerosas vistas públicas y encuentros con diferentes sectores que incluyeron invitaciones al presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como a abogados, notarios, profesores, estudiantes e instituciones del área judicial.

Señaló que muchas de éstas instituciones financieras les cobran  trámites de gestión y gastos de cierre a los ciudadanos sin que estos beneficios pasen realmente al notario, situación que puede mejorar con la actual Ley, ya que le da potestad a la Dirección General de Impuestos Internos para revisar las notarizaciones.

Criticó la legislación previa de notariado,  indicando que “por falta de regulación y aplicación de las normas existentes en el país, hemos sido testigos de cómo se realizan este tipo de procedimientos, en los que los notarios no verifican la presencia de los firmantes colaborando con la proliferación de mafias que viven orquestando fraudes”.