POR MANUEL JIMÉNEZ
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez, aclaró ayer que el periodista Julio Martínez Pozo no ha presentado una querella formal contra ninguna persona, pero que aún así la denuncia de que se trama contra su vida está siendo investigada.

Jiménez, quien fue abordado mientras visitaba el Palacio Nacional para felicitar al presidente Leonel Fernández por sus 53 cumpleaños, dijo que la investigación se inició el martes tan pronto recibió la denuncia y que está a la espera de un informe.

Reconoció, sin embargo, que se trata de una investigación que se llevará su tiempo, pero que tan pronto tenga el informe lo dará a conocer al país.

“Pero, realmente no hay una denuncia formal, él (Martínez Pozo) no estableció ningún tipo de denuncia formal en contra de alguien”, comentó el procurador general. Martínez Pozo, comentarista del espacio radial “El Gobierno de la Mañana”, de la Z-101 y productor de varios programas de televisión, denunció ante el procurador general que un secretario de Estado, a quien no identificó, habría contratado a un sicario para que lo asesine.

Del sicario solo dijo que tiene un historial delictivo y que habría estado vinculado a la desaparición del catedrático Narciso González (Narcisazo).

“El (Martínez Pozo) fue a la Procuraduría General de la República y nos puso en conocimiento de alguna información que le había llegado”, dijo Jiménez.

En otro orden de ideas, el procurador general dijo que recibió el martes en su despacho al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio Cesar Castaños Guzmán, quien le puso al tanto de denuncias sobre alegadas suplantaciones de identidades por parte de narcotraficantes colombianos y de otros países de la región.

Jiménez dijo que habrá un acuerdo institucional entre la JCE y la Procuraduría General de la República para cumplir con lo que establece la ley de Registro Civil que le otorga al Ministerio Publico el poder de inspeccionar a las oficialías del Estado Civil.

Recordó que esta función de inspección no la ha cumplido a cabalidad el Ministerio Público porque, entre otras cosas, existían funcionarios de la JCE que obstaculizaban estas funciones.

Sin embargo, agregó, con la nueva JCE esta función será más expedita “y son ellos quienes nos la están solicitando”.

Jiménez dijo que se dictará un reglamento para que todos los ayudantes fiscales comiencen a cumplir con este procedimiento de inspección.

En otro orden, explicó que los indultos que normalmente concede el Presidente de la República para la festividad de Navidad fueron postergados para el mes de febrero, aniversario de la Independencia Nacional.

Explicó que la razón se debe a que la Comisión Nacional de Indultos designada por la Procuraduría no tuvo el tiempo necesario para evaluar debidamente cada uno de los reclusos que han sido propuestos.

En esa comisión figuran periodistas, productores de televisión, miembros de la Iglesia Católica y representantes de entidades de los derechos humanos.

 La comisión determinó no recomendar ningún tipo de indultos ahora en diciembre, sino seguir  evaluando cada uno de los casos.

Hasta la fecha, la comisión está evaluando 70 reclusos para ser indultados, pero ya algunos han sido objetados por parientes de afectados con sus delitos.