Los órganos de opinión, los capitanes de la industria, el comercio y la ciudadanía en general, coinciden en que la seguridad en el país ha venido deteriorándose progresivamente. Acelerándose como en caída libre. La situación es desesperante para las autoridades que indudablemente quieren acabar con ese temor de salir a las calles que afecta el desenvolvimiento social.

La reacción inicial lógica, aplicada no sólo aquí, sino en otros países, Estados Unidos de América, por ejemplo, ha sido reaccionar más duramente contra los crímenes y delitos. Sin embargo, esas acciones atraían más violencia, desarrollándose una espiral ascendente que no satisfacía las autoridades, por más duros e intransigentes que fueran.

El tema cayó afortunadamente en manos de sociólogos y criminólogos, surgió la idea de aumentar el número de policías. Así, recuerdo bien, en uno de los períodos del presidente Clinton, “engancharon” un cien mil policías. Esto, naturalmente, redujo el número de delitos. Sin embargo, todavía así, los resultados no satisficieron a las autoridades.

Siguieron los estudiosos en sus investigaciones y propusieron que los policías tomaran una actitud diferente a la que a la fecha habían enarbolado que era de mayor vigilancia, apresar al delincuente y someterlo a la justicia, donde era castigado de acuerdo a las leyes vigentes.

Se propuso entonces que los agentes del orden fueran proactivos, es decir, que se mezclaran con las gentes de barrios peligrosos y los guiaran hacia caminos que ocuparan sus tiempos en actividades diversas: deportivas, de la comunidad, de lo que llamaron el hermano mayor, políticas, etc.

Un autor propone que además de esas medidas, el hecho de que en los Estados Unidos se permita el aborto, ha influido positivamente en la reducción de la criminalidad. En su libro presenta pruebas que sostienen su tesis. El punto es controversial pero hasta ahí han llegado los análisis sociológicos, mostrándose lo complicado del fenómeno.

Ciertamente, la diseminación de las drogas narcóticas hace exponencialmente más difícil el problema delincuencial.

 Los enormes beneficios que se derivan el tráfico de estupefacientes se convierten en un poderoso imán para personas, primero para los pobres, ahora, ya involucra la clase media y alta que son indistintamente vendedores y/o consumidores.

La drogadicción ha sido reconocida como una enfermedad, que desde luego, no se sana a palos. Países de cierto nivel de racionalidad han buscado diversas soluciones. En Europa y Estados Unidos hay hospitales que suministran gratuitamente drogas o fármacos sustitutivos de las drogas duras. En Suiza, por ejemplo, se forman filas de enfermos frente a los hospitales, donde de acuerdo a los registros médicos le administran los fármacos. Inglaterra tiene propuestas similares y Holanda, más liberal, permite la venta en áreas definidas.

La pobreza y peor la miseria de un país, ciudad o barrio, se convierte en un acicate casi imposible de soslayar frente las grandes sumas de dinero que median en el negocio de las drogas, extensible, asimismo, al robo pues aparentemente es muy “lindo” asaltar a alguien y hacerse con dinero en unos instantes, en vez de “guayar la yuca” para no recibir gran cosa en pago.

La letanía precedente demuestra claramente lo complicado del problema. No es cuestión del Jefe de la Policía, quien seguramente tiene la mejor buena voluntad, como la ha de tener su superior el Ministro de Interior y más arriba el Presidente. Tampoco es como dice el Vicepresidente que incumbe a toda la ciudadanía, de hecho, si se encarga a la ciudadanía de resolver, como ha pasado ya en algunos casos de linchamiento, el “lío” se enreda más.