Hace 15 años que entró en vigencia la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, un instrumento y promesa de Justicia Social con el que se pretendió cerrar la brecha de la desigualdad en los servicios de salud y crear un sistema que asegurara a los trabajadores y sus familiares una pensión por vejez y sobrevivencia.
A 15 años de la existencia del sistema existen lagunas, falta de información, trabas burocráticas y otras condicionantes que han provocado altos niveles de decepción entre quienes nos habíamos forjado ilusiones sobre el particular.
El sistema contempla innumerables servicios a los beneficiarios, pero la mayoría los desconoce y solo nos enteramos cuando chocamos con la realidad al llevar a alguien a una emergencia, cuando se trata de salud y lo que nos provoca esta entrega: los beneficiarios de una pensión por sobrevivencia.
Una pensión de sobrevivencia le toca a los cónyuges e hijos del afiliado que cotizaron en el seguro de discapacidad y sobrevivencia, a través de las empresas donde laboraban, siempre que la empresa estuviera al día en el pago a la TSS, la que a su vez coloca esos fondos en una AFP para su posterior pensión; si uno de los dos fallece, le toca al que sobrevive, que si tiene 65 años la AFP debe entregar la totalidad de lo acumulado, si es menor de 65 años le toca la pensión del cónyuge al que sobrevive y a sus hijos.
La ley establecía un plazo de dos años para hacer la reclamación pero hubo una modificación que subió hasta los 7 años el tiempo para reclamar-no debe haber plazo cuando de dinero se trata, debería estar disponible siempre porque es lo justo, nadie debe quedarse con el dinero de otro y es un derecho fundamental-.
La falta de información es bárbara y comienza con el empleador, que nunca le informa al empleado cuál es la AFP donde hace sus aportes. El sobreviviente vive una especie de calvario y muchos han abandonado el reclamo por las trabas existentes para llegar hasta su dinero. Una señora nos contó que para reunir sus “evidencias” debía gastar 15 mil pesos para cobrar 12 mil y decidió abandonar el reclamo.
Según datos de la DIDA, se ha negado el 52% de las pensiones de sobrevivencia y de acuerdo a un estudio reciente realizado desde el 2003 a julio del 2015, se ha aportado la suma de 19,900 millones de pesos al Seguro por discapacidad y sobrevivencia pero solo el 1.6% de esos recursos han sido otorgados en pensiones.
Los asegurados necesitan más información para que el dinero que se la ha deducido a los trabajadores llegue donde debe estar.