Hoy 
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Se advierte mucho malestar público en el asunto de la Cámara de Cuentas. Una gestión conocida, no por el cumplimiento de sus funciones, sino por la búsqueda prioritaria de los intereses particulares de sus integrantes.
La primera piedra de escándalo fue el aumento de sus salarios (aprobado por 8 de 9 miembros en enero 2007) deslizado a la opinión pública cuatro meses después. Causó revuelo entonces y se alzaron voces para pedir renuncia y luego destitución. Al final, la tempestad se disipó y nada se hizo. Lograron una segunda oportunidad.
La guerrilla interna incontenida ha puesto en claro la pugnas y el manejo alegre de cargos y dineros. Nueva vez, uno de la grey, implora por otra oportunidad.
Pero esto no son asuntos que se resuelven con absoluciones y penitencias. Más allá de lo que pudiera tipificarse como faltas graves en el ejercicio de las funciones, lo que impera es desconfianza pública en esa gente.
La falla no radica en el mecanismo de designación que puede definitivamente mejorarse-, en su porosidad a los intereses partidarios. Esa asepsia es imposible de lograr dada la escasez de ángeles públicos. Las soluciones institucionales pueden contribuir a que las cosas puedan ser algo mejor pero no sirven para cambiar calidades humanas ni cultura pública.
El manejo de instituciones autónomas expone y tienta más cuando se actúa en un ambiente descapitalizado de moral pública.
Al parecer todo puede lograrse sin riesgo de sanciones, sin desprestigio, sin indagatorias de tipo alguno. Es un paraíso para la trampa, para el delinquir y el aprovechamiento personal. Y así no puede ser ni seguir.
Pronto se sabrá si habrá o no juicio político. Si terminará con la destitución de la Cámara o si concluirá con una censura, solo eso y nada más.
El juicio político está previsto cuando hay faltas graves en el ejercicio de las funciones. Requiere y supone de la Cámara de Diputados una indagatoria seria y pormenorizada de los hechos vaciados en un pliego acusatorio.
Tanto en ella como en el Senado la mayoría más calificada (3/4 partes de los miembros). Si el informe no es contundente o no se logra la densa mayoría, nada más puede hacerse. Si eso sucediese ¿con qué grado de credibilidad terminará esta Cámara de Cuentas tan maltrecha? Hay un hueco en nuestro sistema constitucional con respecto a estos órganos tan especiales como son la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.
Son ambos electivos en segundo grado: la designación corresponde a un cuerpo representativo, el Senado (que en absoluto no es el más adecuado).
Resulta que si la JCE y CC han de ser superpartes y para ello se toma el cuidado de que sean el fruto de una concertación para acentuar su confiabilidad, ¿qué hacer cuando la pierden sin que haya ningún tipo de falta grave?
En este caso, la remoción, sin tener que llegar juicio político, es el mecanismo recomendable. Este es el recall. Más acá del juicio político.
