Con todo y la viabilidad absoluta, y sin problemas con haitianos, que al país le es posible para proteger recursos hídricos de tierra adentro, la extracción abusiva e ilegal de arena ha persistido con inexplicable capacidad de núltiples depredadores para escapar de sanciones. Al punto que no se exagera al decir que el río Nizao existe todavía por periódicas colocaciones en cuidados intensivos que refrenan parcialmente con lo punitivo a sus enemigos y porque buena parte de su caudal llega todavía – no se sabe hasta cuándo- hasta estructuras de ingeniería que prodigan beneficios al país y que incluyen generar energía barata y producir alimentos.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales combate como puede la erosión que reciben orillas y lechos fluviales en el territorio nacional. La degradación sería peor si no lo hiciera. Pero hacia numerosas obras en marcha tanto de iniciativas privadas como del Estado, fluyen materiales tomados sin control sobre cursos de agua. Burladas las normas de protección ecológica por legiones de areneros que abastecen a los extendidos frentes de la industria de varilla y cemento. No existe registro sobre las proliferantes fábricas de blocks sin inspección de alguna policía ambiental que obligue a certificar el origen de sus materias primas.

Ni existe una firme y visible obtención de materiales rocosos en canteras secas para alimentar la intensa producción del concreto que se convierte en torres cada vez más costosas y orientadas al cielo.