Los investigadores oficiales han estado muy activos escudriñando la suerte corrida por bienes y recursos del Estado. Se practican auditorías, se procuran vehículos indebidamente en manos de oficiales de la Policía, se indaga la venta dolosa de viviendas construídas por el Gobierno y son investigadas otras prácticas mediante las cuales se cometió apropiación o transferencia indebida de bienes y dineros públicos.

Si por algo hemos abogado con fervor ha sido porque se persiga y castigue toda forma de corrupción, con particular interés aquella que ha significado perjuicio para el bien común. Nuestra prédica es y será siempre que no haya, bajo ningún pretexto, borrón y cuenta nueva.

Sin embargo, aún reconociendo el derecho que tienen las autoridades para divulgar aspectos de sus hallazgos e investigaciones, nos preocupa que estas cuestiones llegaren a convertirse en elementos de circo, en armas políticas. No es que no se hable del asunto, sino que se actúe sobre el mismo de la manera que disponen las leyes y en las instancias que éstas indican.

Nos inclinamos porque en cada caso que haya motivos valederos para emprender una persecución judicial contra alguien, por distracción o apropiación de recursos, bienes y propiedades del Estado, que se actúe sin contemplaciones y que los expedientes sean puestos en las manos de las autoridades judiciales que deben tomar carta en estas cuestiones.

Uno de nuestros pecados es que hemos dejado crecer la corrupción sobre la base de no hacer lo que se debe en cada caso. Si ha habido corrupción, que haya más acción y menos circo.

Canasta familiar

Desde el ascenso al poder de las actuales autoridades hasta la fecha, la cotización del dólar ha ido experimentando desmontes sucesivos.

Cuando se produjeron las primeras bajas del dólar, algunos precios de la canasta familiar declinaron, aunque tímidamente.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte muchos artículos de primera necesidad han experimentado alzas de precios que no se corresponden con el comportamiento de la cotización del dólar.

Organizaciones de consumidores, como la Asociación de Comités de Amas de Casa (ACACDISNA), atribuyen esta falta de correspondencia entre las bajas del dólar y las alzas de precios a especulación estimulada por sectores del comercio.

En días pasados, la Dirección General de Control de Precios advirtió que actuaría drásticamente contra la especulación. Entendemos que la denuncia de las entidades que representan a consumidores brinda una excelente oportunidad para que se pase de las palabras a los hechos.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Fiscal, que incrementa el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS) de un 12% a un 16%, resultarán afectados los precios de muchos artículos de primera necesidad no gravados directamente por este impuesto. Si a esto se suma la especulación que cometen sectores del comercio, habrá una fuerte presión inflacionaria sobre los precios de la canasta familiar.

El Gobierno está en el deber de frenar la voracidad de sectores comerciales y buscar los medios para que los precios le sigan la marcha a la cotización del dólar.