Hoy 
En el ámbito de la seguridad social hay mucha tela por donde cortar. El sistema tiene costos financieros que, si se actuara conforme manda la ley 87-01, no deberían ser una tara que afecte la capacidad de acción. Los copagos fuera de ley y las deficiencias de los centros de salud del Estado son un problema con el que tiene que cargar el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y colocan al país en el tercer lugar entre aquellos cuyos ciudadanos tienen que cubrir de su bolsillo más gastos en salud.
Especialistas en materias conexas con el sistema de seguridad social han sacado a relucir fallas que violan la ley y que, según aseguran, sumirán el Seguro Familiar de Salud en dificultades financieras. Citan, por ejemplo, el hecho de que en la red pública de atención en salud persisten deficiencias que ya debieron ser corregidas como parte de la estructura del sistema. La atención primaria es todavía un sueño no realizado, a pesar de que debió nacer con el seguro familiar.
Los actores de la seguridad social tienen a la mano un amplio y detallado diagnóstico de las debilidades del sistema, muchas de las cuales desmejoran los servicios y pueden significar un verdadero descalabro. Las autoridades saben lo que tienen que hacer para evitarlo. Sería contraproducente prolongar más tiempo las causas, bastante conocidas, de esas debilidades.
Por los derechos del ciudadano
El Ministerio de Interior y Policía ha emprendido acciones por los derechos de los ciudadanos que merecen nuestro aplauso.
Su intervención para obligar a dueños de negocios de expendio de bebidas a respetar el derecho a la tranquilidad y a la libre circulación de la gente es un acto de justicia que debería tener carácter permanente.
Hay que actuar de manera resuelta y como manda la ley contra los negocios que se adueñan de la vía pública, obstaculizando la circulación de personas y vehículos, que impiden a los ciudadanos conciliar el sueño y que frecuentemente son escenario de riñas, agresiones y actos de inmoralidad.
La libertad de comercio y de diversión que se reconoce a unos no puede ser ejercida y disfrutada en desmedro del derecho a la tranquilidad que tiene el resto de los ciudadanos.
