El Presidente Danilo Medina en su discurso de rendición de cuentas el Día de la Independencia Nacional expresó que le preocupaba la seguridad ciudadana, la violencia y la delincuencia en las calles.

 Dijo el Presidente de la República, que su gobierno está trabajando para mejorar esta situación y que designó una comisión con funcionarios del más alto nivel para la elaboración de un plan de seguridad ciudadana.

 Habló el Presidente de que la comisión ya tiene una propuesta consensuada y sólida y que en la segunda semana de marzo estará presentando al país, el indicado plan.

Enhorabuena que este es un tema de preocupación en la agenda del gobierno nacional y plácenos que fuera abordado en el mencionado discurso.

Para nadie es un secreto que la seguridad ciudadana es uno de los problemas más urgentes a ser enfrentados en nuestro país.

A la fecha y desde los gobiernos pasados ha sido abordado con bastante irresponsabilidad, indiferencia y con persistentes violaciones a la Constitución y las leyes, de parte de los funcionarios encargados de enfrentar el delito y perseguir a los delincuentes.

 Creo atinado que comencemos a hacer algunas reflexiones sobre seguridad ciudadana y sobre los criterios y principios con que debe enfrentarse la delincuencia, para que podamos tener elementos para evaluar el plan de seguridad ciudadana cuando nos lo presenten en breves días y sobre todo, observar cómo lo llevan a cabo.

 El énfasis central de las políticas de seguridad ciudadana tiene que estar en la creación de  un clima para la convivencia pacífica y sin violencia, al tiempo que se garantice el respeto de los derechos fundamentales de las personas.

 Esto supone la superación de la visión que reduce la seguridad ciudadana al solo enfrentamiento armado de la delincuencia.

Seguridad ciudadana supone tres cuestiones  esenciales:

 1. La prevención, que presume atacar las causas del delito y los factores que llevan a la inseguridad, antes de que los hechos se produzcan.

 2. La represión, que supone órganos públicos efectivos para investigar, perseguir y sancionar el delito, evitando la impunidad tanto del “pequeño delito” como del “delito de cuello blanco”.

En el caso del “pequeño delito” ignorarlo conlleva muchas veces que se desarrolle el caldo de cultivo que lleva luego a la comisión de delitos graves. En el caso de que se ignore el “delito de cuello blanco”, entonces las autoridades pierden legitimidad para la persecución del delito común.

 Y la tercera cuestión esencial de la seguridad ciudadana es el respeto al Estado de derecho. No puede haber seguridad ciudadana sin respeto estricto del Estado de derecho.  La mayor fuente de confianza y de seguridad de la ciudadanía es saber que las autoridades están sometidas al respeto de la ley, siendo ésta la línea de separación entre delincuencia y autoridades.

Mientras la delincuencia actúa en violación de la ley, las autoridades se someten a ella y de ahí es que precisamente adquieren la legitimidad para perseguir a quienes violan la ley.

 Hasta ahora, el énfasis de las políticas de enfrentamiento del delito en el país ha sido la aplicación de la “mano dura”.

 El hecho de que cada día haya más inseguridad ciudadana es la demostración de que la aplicación de la “mano dura” no es la respuesta adecuada.

 Si algo debe quedar claro es que la política de “mano dura” es la confesión del fracaso del Estado dominicano, en poder implementar una política efectiva de lucha contra la inseguridad pública prevaleciente en el país.

 La aplicación de la “mano dura” por la Policía Nacional, consentida por el Ministerio Público, lejos de  contribuir con la seguridad ciudadana es una fuente de inseguridad tan grave como la proveniente de la delincuencia común. 

 La autonomía y deliberación con que actúa la Policía Nacional en nuestro país permite afirmar que más que en un Estado de derecho estamos en un Estado policial.

 Por eso, el punto de partida de cualquier plan de seguridad ciudadana debe tener como uno de sus temas centrales la transformación de la Policía Nacional y la necesaria profilaxis a su interior.

 Someter a la Policía Nacional, en sus actuaciones, al respeto de la ley y del debido proceso y al control estricto del Ministerio Público y de los órganos judiciales ordinarios es también parte sustancial de una adecuada política de seguridad ciudadana.

No habrá ni podrá haber seguridad ciudadana mientras al cuerpo policial se le permita actuar por encima del Estado de derecho y, sobre todo, sin tener que responder ante los órganos de justicia para recibir la sanción que corresponda cuando su actuación viole la ley.